14 de mayo de 2026
TELÉFONO PARA ADORNI
La Justicia ordenó mantener en funcionamiento el Banco de Datos Genéticos
El juez federal Ramos Padilla instó al jefe del gabinete mileísta a hacer todo lo necesario para que el organismo siga funcionando. Fue por una presentación de los fiscales del área.
El gobierno nacional deberá garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, esencial para la identificación de restos humanos de las víctimas de crimenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983.
Así lo indicó el juez federal Alejo Ramos Padilla, de La Plata, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por los fiscales dedicados a la investigación de esos crímenes.
Anteayer, el fiscal general de la Unidad Especializada Para Casos de Apropiación de Niños Durante el Terrorismo de Estado, Pablo Parenti, el fiscal general Gonzalo Miranda y los fiscales auxiliares de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos Cometidas Durante el Terrorismo de Estado, Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira, presentaron un recurso para que se arbitren las medidas necesarias para que el Banco de Datos siga en funciones.
Ocurre que el organismo no fue exceptuado de la lista de entidades pasibles de ser dadas de baja en la Ley Bases, por lo que corre peligro de caer bajo la proverbial motosierra del gobierno de Javier Milei.
Hoy, Ramos Padilla le ordenó al jefe de gabinete de la Nación, Manuel Adorni, que “disponga de manera inmediata todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, incluyendo la preservación del Archivo Nacional de Datos Genéticos, mantenimiento de la cadena de custodia de las muestras biológicas bajo su guarda, las adecuadas condiciones de higiene y seguridad física e informática, condiciones ambientales, insumos críticos y toda otra medida necesaria para que pueda cumplir en tiempo y forma con sus cometidos institucionales y con los requerimientos judiciales actualmente vigentes”.
También le requirió la presentación de “un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud de medidas efectuada por el Ministerio Público Fiscal”.