14 de mayo de 2026
DANDO UNA MANO
Chubut podrá pedir fuerzas federales para reforzar la seguridad en su territorio
La Legislatura aprobó una ley que autoriza al gobernador Ignacio Torres a requerir el apoyo de fuerzas nacionales durante un año. El despliegue estará orientado a tareas preventivas y quedará excluida su participación en protestas y movilizaciones
La provincia de Chubut formalizó un nuevo esquema de coordinación en materia de seguridad al autorizar al gobernador Ignacio Torres a solicitar el auxilio de fuerzas federales para actuar en el territorio provincial. La medida quedó oficializada tras la promulgación de la Ley XIX N°103, sancionada por la Legislatura el pasado 7 de mayo.
La norma habilita al Poder Ejecutivo provincial, por el plazo de un año, a requerir la intervención de fuerzas de seguridad nacionales con el objetivo de fortalecer las tareas vinculadas a la prevención del delito y la protección de los habitantes de la provincia. La decisión se enmarca en el artículo 123 de la Constitución chubutense, que contempla la posibilidad de solicitar asistencia federal en determinadas circunstancias.
El esquema apunta a garantizar la continuidad operativa de los denominados “Comandos Unificados”, un dispositivo de trabajo conjunto entre fuerzas provinciales y federales que ya venía funcionando en Chubut y cuya vigencia había quedado en una zona gris tras el vencimiento de la autorización anterior.
Según establece la ley, el despliegue de efectivos nacionales tendrá un carácter estrictamente preventivo. La normativa prohíbe expresamente que estas fuerzas intervengan en manifestaciones, protestas o movilizaciones públicas con fines disuasivos o represivos, un punto incorporado para delimitar el alcance de su actuación.
La coordinación institucional y operativa seguirá bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut, que mantendrá el control estratégico de los operativos en jurisdicción provincial. A la vez, el Ejecutivo quedó facultado para firmar convenios complementarios con el Ministerio de Seguridad de la Nación, destinados a garantizar financiamiento, logística y equipamiento para el sostenimiento del despliegue federal.
Otro de los ejes de la ley es el seguimiento de resultados. La Mesa de Análisis y Estadísticas continuará funcionando como órgano técnico para monitorear el impacto de las estrategias de seguridad implementadas. Entre sus obligaciones estará la elaboración de informes mensuales con indicadores delictivos y resultados operativos desagregados por localidad, los cuales deberán remitirse a la Legislatura y publicarse de forma abierta para consulta ciudadana.
Además, la norma valida las actuaciones realizadas por el esquema de coordinación entre fuerzas desde el vencimiento de la autorización anterior hasta la entrada en vigencia de esta nueva ley, buscando evitar cuestionamientos administrativos o legales sobre operativos ya ejecutados.