Comenzó el juicio contra dos exjefes de Vialidad Provincial acusados de beneficiar intereses privados
La fiscalía sostiene que exfuncionarios del organismo provincial autorizaron de manera irregular la extracción de áridos de una cantera estatal para ser utilizados en un camino privado. La defensa negó cualquier delito y afirmó que se trató de procedimientos habituales dentro del organismo.
Este martes comenzó en Chubut el juicio oral y público contra dos exfuncionarios de la Administración de Vialidad Provincial acusados de presuntas irregularidades vinculadas al uso de recursos estatales para fines privados.
Los imputados son Fabián Jorge Pérez, exingeniero jefe del organismo, y Juan Carlos Vinay, quienes enfrentan cargos por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público por hechos ocurridos entre enero y febrero de 2024.
La acusación es impulsada por el fiscal Lucas Papini, quien presentó el caso ante un tribunal mixto integrado por tres jueces técnicos y dos jueces populares. En el proceso también participa la Fiscalía de Estado como querellante en representación de los intereses patrimoniales de la provincia.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los exfuncionarios habrían utilizado sus cargos jerárquicos dentro de Vialidad Provincial para habilitar de manera irregular la extracción de aproximadamente 3.600 metros cúbicos de material árido desde la Cantera Arroyo Fontana.
Según sostuvo Papini durante la apertura del juicio, el material extraído tenía carácter público y habría sido destinado a la mejora de un camino privado que beneficiaba a particulares, en lugar de utilizarse para obras o necesidades vinculadas al interés general.
Para la fiscalía, uno de los puntos centrales del caso es que la operatoria se habría realizado sin la intervención formal de las autoridades competentes. En ese sentido, se indicó que no existió un convenio firmado por la presidencia de Vialidad Provincial, instancia que, según la acusación, era la única habilitada legalmente para autorizar ese tipo de cesiones de material.
Además, el Ministerio Público Fiscal afirmó que durante el procedimiento se habrían evitado deliberadamente controles administrativos vinculados al movimiento de camiones y a la identificación del material extraído.
La acusación también señala que el entonces encargado de la cantera habría sido apartado de sus funciones luego de manifestar objeciones frente a la falta de documentación escrita que respaldara la maniobra. Según la fiscalía, ese desplazamiento se concretó mediante un memorándum firmado por Pérez.
En términos económicos, la investigación estima que el presunto accionar irregular generó un perjuicio patrimonial para el Estado provincial de unos 4,3 millones de pesos.
La Fiscalía de Estado acompañó la acusación fiscal y respaldó la postura de que existió una violación a la normativa vigente vinculada a la administración y disposición de recursos públicos.
Durante la primera jornada del debate, el tribunal, las partes y el fiscal realizaron además una recorrida por la cantera de donde se extrajo el material y por el callejón donde habría sido utilizado. Desde la fiscalía señalaron que la inspección buscó facilitar la comprensión de las pruebas y testimonios que se expondrán durante el juicio.
Por su parte, la defensa de los exfuncionarios rechazó de manera contundente las acusaciones y sostuvo que no existió conducta delictiva.
Los abogados defensores afirmaron que las decisiones tomadas por Pérez y Vinay respondieron a procedimientos administrativos habituales dentro de Vialidad Provincial y negaron que haya existido un favorecimiento irregular hacia particulares.
También cuestionaron la existencia de dolo penal, es decir, intención deliberada de cometer un delito, y argumentaron que los imputados actuaron dentro de las facultades operativas que tenían asignadas para resolver situaciones vinculadas a la infraestructura vial de la zona.
El juicio continuará en los próximos días con la presentación de testigos, documentación administrativa y distintas pruebas técnicas que buscarán determinar si efectivamente hubo una utilización indebida de recursos estatales o si, como sostiene la defensa, se trató de decisiones adoptadas dentro de la operatoria normal del organismo vial provincial.