Formularon cargos a integrantes de una comunidad mapuche por bloqueos en Añelo
La fiscalía acusó a un grupo de personas de impedir durante más de un mes el acceso a una cantera en Añelo, afectando una actividad minera. La Justicia avaló la investigación y dictó medidas para evitar nuevos bloqueos
La Justicia de Neuquén avanzó en una causa vinculada a un conflicto territorial y productivo en la zona de Añelo, luego de que el Ministerio Público Fiscal formulara cargos contra integrantes de una comunidad mapuche acusados de bloquear el acceso a una cantera e impedir el desarrollo de actividades mineras en el lugar.
La audiencia estuvo encabezada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y la asistente letrada Tanya Cid, quienes atribuyeron a los imputados haber protagonizado una ocupación y bloqueo que, según la acusación, se extendió durante varias semanas y generó perjuicios económicos al propietario del predio.
De acuerdo con la reconstrucción presentada por la fiscalía, los hechos comenzaron el 24 de enero de este año, cuando un grupo de personas ingresó al inmueble rural y obstaculizó el acceso de trabajadores que se disponían a iniciar tareas de explotación minera. Según se expuso, los operarios fueron interceptados y advertidos de que sus vehículos podrían ser dañados o incendiados si intentaban ingresar.
La acusación sostiene que el bloqueo fue sostenido mediante la colocación de camionetas en los accesos y la permanencia continua de personas en el lugar, con estructuras precarias y relevos organizados para impedir el ingreso del titular del predio y del personal vinculado a la explotación.
El caso quedó encuadrado provisoriamente en el delito de turbación de la posesión, previsto en el artículo 181 inciso 3 del Código Penal, en carácter de coautores. Durante la audiencia, la fiscalía presentó distintos elementos de prueba, entre ellos denuncias, testimonios, registros audiovisuales, actas policiales y documentación relacionada con la titularidad del inmueble.
Además de la formulación de cargos, el Ministerio Público solicitó medidas cautelares para evitar nuevos episodios similares mientras avanza la investigación. Entre ellas, requirió la prohibición de realizar bloqueos o cualquier acto que afecte la posesión del inmueble, así como la imposibilidad de mantener contacto con el denunciante, trabajadores o personas vinculadas a la actividad minera.
La defensa rechazó la acusación y cuestionó tanto las medidas cautelares como la intervención de la jueza de garantías Carina Álvarez, aunque el planteo fue desestimado durante la audiencia.
Finalmente, la magistrada dio por formalizada la investigación y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la etapa investigativa. También resolvió hacer lugar a las medidas de coerción solicitadas por la fiscalía, aunque descartó aplicar el agravante relacionado con la presunta participación de menores de edad, al considerar que su presencia en el lugar no implicó intervención directa en los hechos investigados.
En la misma resolución, la jueza rechazó pedidos de la defensa para recuperar un vehículo secuestrado y dejar sin efecto medidas sobre otros rodados utilizados durante la ocupación, al entender que podrían quedar sujetos a decomiso en caso de una eventual condena.