6 de mayo de 2026
AMBIENTE
Con más de 850 mil firmas, presentaron un amparo colectivo contra la reforma de la Ley de Glaciares
Organizaciones socioambientales acudieron al Juzgado Federal de La Pampa para frenar la norma aprobada el 9 de abril con 137 votos afirmativos. Buscan suspender la aplicación en todo el país
Organizaciones socioambientales y de la sociedad civil de todo el país reunieron más de 850 mil firmas y presentaron un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de La Pampa para frenar la reforma de la Ley de Glaciares sancionada por el Congreso el 9 de abril. Con esta acción judicial buscan declarar la inconstitucionalidad de la norma, que se aprobó con 137 votos positivos, 111 negativos y 3 abstenciones. Además, solicitaron una medida cautelar para suspender su aplicación en todo el país.
La presentación fue impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace. No obstante, también se sumaron representantes de Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro Argentino de Políticas Ambientales (CEPA) y una multiplicidad de asambleas y multisectoriales ambientales del país.
En una conferencia de prensa, los referentes señalaron que el objetivo central es evitar posibles impactos sobre reservas estratégicas de agua dulce. El planteo busca que, mientras se resuelve la cuestión de fondo, no se apliquen los cambios que votó el Congreso a la ley 26.639. “Esta demanda plantea la inconstitucionalidad de la ley aprobada por el Congreso y su nulidad”, explicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN. En ese marco, agregó que se trata de “una reforma regresiva, que viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, el Acuerdo de Escazú y compromisos internacionales”.
El expediente fue radicado en La Pampa con el argumento de que la modificación legal tiene efectos sobre cuencas hídricas que atraviesan distintas provincias. En las organizaciones señalaron que el impacto no se limita a las zonas cordilleranas, sino que alcanza a sistemas de abastecimiento de agua en otras regiones del país.
La demanda también cuestiona el proceso legislativo que derivó en la reforma. De acuerdo con el planteo, más de 100.000 personas se inscribieron para participar en la audiencia pública convocada en Diputados, pero menos del 0,2% pudo exponer de manera oral. Para los impulsores del amparo, ese dato afecta las condiciones de participación exigidas por normas ambientales vigentes.
“Ahora quedamos a la espera de lo que resuelva el juzgado. Entramos en los tiempos de la justicia”, señaló Nápoli, quien remarcó que el reclamo cuenta con respaldo social. En paralelo, adelantó que continuarán promoviendo acciones legales y campañas de adhesión.
La acción incluye un pedido de medida cautelar para que se suspenda la implementación de la reforma mientras avanza el proceso. En ese punto, se solicita que no se habiliten actividades en zonas alcanzadas por el régimen anterior hasta que exista una definición judicial.
Desde Greenpeace, el director de programas Diego Salas destacó el nivel de acompañamiento. “No es una demanda más, es una de las más emblemáticas en la historia argentina en defensa del agua”, afirmó, y sostuvo que la iniciativa apunta a “preservar la fuente de agua de miles de argentinos”.
“La reforma reemplaza un criterio científico común por decisiones provinciales discrecionales sobre qué proteger y qué no. Esta reforma no es una actualización técnica, sino un intento de fragmentar la protección de recursos que pertenecen a todos los argentinos. Los glaciares y el ambiente periglacial alimentan el 40% de las cuencas hídricas nacionales y garantizan el agua para más de 7 millones de personas”, explicaron los denunciantes.
Enrique Viale, presidente de la AAdeAA, planteó que esperan “que la justicia esté a la altura de las circunstancias y responda al pedido de la ciudadanía”. El abogado sostuvo además que el proceso judicial será acompañado por nuevas acciones en otros ámbitos.
El caso abre una instancia judicial que pondrá en revisión la reforma aprobada por el Congreso y deja en manos de la Justicia la evaluación sobre su validez constitucional y sus efectos en la protección ambiental.