2 de mayo de 2026
RIO NEGRO
Terrenos bajo sospecha: la causa por presunto financiamiento árabe suma derivación federal
El expediente pasó al fuero federal tras declaraciones del empresario Hugo Alberto Barabucci, quien vinculó la compra de más de 14.000 hectáreas a fondos provenientes del exterior
La posible adquisición de miles de hectáreas en la zona cordillerana de Río Negro con financiamiento proveniente del exterior abrió un frente judicial y político que comienza a escalar en la provincia. El caso, que combina una operación inmobiliaria de gran magnitud con interrogantes sobre el origen de los fondos, ya fue derivado a la Justicia Federal para su análisis.
La intervención se originó a partir de una actuación del fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien, quien remitió actuaciones al juzgado federal de San Carlos de Bariloche. El envío responde a un planteo surgido en el marco de un juicio por usurpación, donde surgieron elementos que podrían configurar delitos de competencia federal, especialmente vinculados al financiamiento de la operación.
El eje del caso gira en torno a las declaraciones del empresario Hugo Alberto Barabucci, quien aseguró haber adquirido en 2017 un predio de más de 14.000 hectáreas mediante una donación de 2 millones de dólares atribuida al gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Ese testimonio, incorporado al expediente, motivó el pedido de análisis sobre la legalidad de la transacción y el origen de los recursos utilizados.
La causa original, en la que se investigaba una presunta usurpación, concluyó con la absolución de una integrante de la comunidad mapuche, fallo que quedó firme tras la decisión del denunciante de no apelar. Sin embargo, el contenido de las declaraciones realizadas durante ese proceso abrió una nueva línea de análisis que ahora deberá ser evaluada en el ámbito federal.
En paralelo al avance judicial, el caso generó repercusiones en el plano político. Desde la Legislatura provincial, la bancada de Vamos con Todos impulsó un pedido de informes para esclarecer distintos aspectos de la operación. La iniciativa, encabezada por la legisladora Magdalena Odarda, apunta a determinar la titularidad de las tierras, el origen de los fondos y la eventual participación de estructuras societarias.
Entre los puntos bajo análisis figura la posible intervención de figuras como fideicomisos o empresas vinculadas, así como la localización del predio en áreas sensibles desde el punto de vista ambiental o estratégico. También se busca establecer si la operación se ajusta a la normativa vigente en materia de tierras rurales, particularmente a la Ley 26.737, que regula la propiedad extranjera y prohíbe el uso de intermediarios para eludir restricciones.
El planteo legislativo incluye además interrogantes sobre los controles estatales: si se verificó el origen lícito de los fondos, si se activaron mecanismos de supervisión y si existió intervención de organismos provinciales en materia ambiental, hídrica o minera. En ese marco, también se pone el foco en la eventual aplicación de procesos de consulta a comunidades indígenas de la región.
Odarda adelantó que, ante la falta de respuestas oficiales, trabaja en un proyecto de ley que podría buscar revertir la operación en caso de comprobarse irregularidades. La iniciativa tomaría como antecedente otras experiencias legislativas en la provincia donde se dejaron sin efecto ventas de tierras consideradas irregulares.
El expediente abre múltiples interrogantes que exceden el caso puntual. Por un lado, la Justicia Federal deberá determinar si existen indicios de delitos como lavado de dinero o simulación en la titularidad de bienes. Por otro, el debate político pone en discusión los mecanismos de control sobre inversiones extranjeras en zonas estratégicas de la Patagonia.