28 de abril de 2026
NEUQUEN
Bertolini quedó imputado y la Justicia define si le dicta prisión domiciliaria
El intendente de Plottier fue formalmente acusado por negociaciones incompatibles con la función pública en una causa que investiga más de 160 contratos por más de $2.300 millones. Ahora la jueza deberá resolver si avanza con una medida de coerción que podría complicar su continuidad política
La situación judicial del intendente de Plottier, Luis Bertolini, entró en una nueva etapa y ya dejó de ser una investigación preliminar para transformarse en una causa con fuerte impacto político e institucional. Tras dos extensas jornadas de audiencia, la Justicia formalizó la imputación en su contra y ahora resta una definición clave: si continuará en libertad o si deberá cumplir prisión domiciliaria mientras avanza la investigación.
La jueza de garantías Carina Álvarez consideró que existen elementos suficientes para sostener la acusación presentada por la fiscalía y habilitó el avance formal del expediente. La causa apunta a un presunto esquema de contrataciones direccionadas dentro del municipio de Plottier que habría favorecido de manera sistemática a determinados proveedores.
Junto a Bertolini también quedó imputada la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, mientras que el empresario Pedro Vilchez y Mauricio López —hijo de la funcionaria— fueron acusados como partícipes necesarios dentro de la maniobra investigada.
La hipótesis fiscal sostiene que entre enero de 2024 y marzo de 2026 se consolidó un circuito administrativo destinado a beneficiar principalmente a dos proveedores que eran convocados de forma reiterada a licitaciones y contrataciones, terminando adjudicados en la mayoría de los casos.
Según la reconstrucción presentada en audiencia, en ese período se habrían concretado al menos 160 contratos por un monto superior a los 2.300 millones de pesos.
Para el Ministerio Público Fiscal no se trata de simples desprolijidades administrativas sino de una estructura organizada donde cada actor cumplía un rol específico: desde el armado de expedientes y autorizaciones internas hasta la adjudicación y posterior circulación del dinero.
Entre las irregularidades señaladas aparecen contrataciones directas sin justificación suficiente, escasa o nula publicidad de los procesos, ofertas únicas, exclusión de otros proveedores sin fundamentos claros y pagos realizados sin respaldo documental suficiente sobre la efectiva prestación de servicios o entrega de bienes.
Con ese esquema, la fiscalía encuadró provisoriamente los hechos bajo la figura de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, un delito que contempla penas de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos y fuertes sanciones económicas.
Pero el frente más delicado para Bertolini no está solamente en la imputación, sino en la medida cautelar que pidió la fiscal Rocío Rivero: seis meses de prisión domiciliaria por riesgo de entorpecimiento de la investigación.
Según la acusación, existe temor entre empleados municipales y funcionarios que podrían ser testigos clave, quienes habrían manifestado preocupación por posibles represalias laborales si el intendente mantiene capacidad de influencia directa dentro del municipio.
Además, la fiscalía advirtió dificultades para acceder a documentación administrativa, movimientos sospechosos de expedientes, posibles maniobras de ocultamiento y transferencias bancarias bajo análisis que podrían complicar aún más el expediente.
Entre esos elementos, se mencionó la aparición tardía de documentación luego de allanamientos, expedientes que habrían sido trasladados fuera de la Municipalidad y operaciones financieras realizadas cuando los imputados ya conocían la existencia de la investigación.
La defensa de Bertolini rechazó el pedido de prisión domiciliaria y planteó una alternativa: que el intendente continúe en funciones desde una oficina paralela ubicada fuera del edificio municipal, en una propiedad alejada del centro administrativo de Plottier.
La discusión no es menor, porque cualquier restricción fuerte sobre su presencia física en el municipio puede abrir un problema institucional y acelerar el frente político que ya se mueve en paralelo.
Mientras se desarrollaba la audiencia judicial, ingresó al Concejo Deliberante un pedido de juicio político impulsado por un vecino y excandidato local, lo que suma presión sobre la continuidad política del jefe comunal.
Si la jueza avanza con la domiciliaria y el Concejo decide activar ese proceso, Bertolini podría quedar prácticamente fuera del ejercicio efectivo del cargo mucho antes de una eventual condena.
En paralelo, ya se dispusieron medidas patrimoniales sobre los empresarios involucrados. La magistrada ordenó el embargo de cuentas bancarias e inmovilización de fondos para resguardar una suma millonaria vinculada a la presunta maniobra.
La causa además fue declarada compleja, por lo que la fiscalía tendrá al menos seis meses para profundizar pericias contables, análisis de dispositivos electrónicos, revisión de expedientes y rastreo de movimientos bancarios.