28 de abril de 2026
NEUQUEN
Con respaldo mayoritario, la Legislatura avanza con la designación de una nueva jueza civil
Laura Kremer obtuvo despacho favorable en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia y quedó a un paso de su tratamiento en el recinto. Durante la entrevista con diputados defendió la reforma procesal civil, habló sobre perspectiva de género, inteligencia artificial y el colapso de causas en el fuero
La Legislatura de Neuquén dio un nuevo paso en el proceso de designación de magistrados judiciales y dejó encaminado el tratamiento del pliego de Laura Kremer, postulada para ocupar un cargo como jueza de Primera Instancia en el fuero Civil, Comercial y de Minería de la capital provincial.
La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, presidida por el diputado Ernesto Novoa, resolvió por mayoría habilitar el pase del pliego al recinto, donde deberá definirse finalmente su aprobación política para asumir en el Colegio de Jueces.
La postulante actualmente se desempeña como asistente jurídica en el Juzgado Civil N° 3, función que ocupa desde 2016, y durante su exposición ante legisladores respondió una batería de preguntas vinculadas al funcionamiento del sistema judicial, el nuevo Código Procesal Civil, perspectiva de género, inteligencia artificial y la situación estructural del juzgado al que aspira llegar.
Uno de los ejes centrales de su presentación fue la implementación del nuevo Código Procesal Civil adversarial, que comenzará a regir en agosto y que representa una de las reformas más relevantes dentro del fuero civil neuquino.
Kremer defendió ese cambio normativo al considerar que aportará mayor previsibilidad, transparencia y seguridad jurídica, al establecer reglas procesales más claras y fortalecer la participación de las partes dentro del proceso judicial.
También planteó que la reforma puede ayudar a mejorar los tiempos de resolución en un sistema que arrastra una fuerte sobrecarga de expedientes, una de las principales preocupaciones dentro del servicio de justicia.
En ese punto, brindó un dato que expuso la dimensión del problema: el juzgado donde se desempeña actualmente mantiene 2.340 causas activas y 128 expedientes pendientes de sentencia, varios de ellos con plazos vencidos.
Frente a ese escenario, explicó que su propuesta de gestión apunta a ordenar el trabajo a partir de una clasificación de causas según niveles de urgencia, complejidad y posibilidad de resolución más estandarizada, con el objetivo de agilizar respuestas sin afectar la calidad del servicio.
Otro de los temas abordados fue la perspectiva de género en la administración de justicia. Kremer sostuvo que juzgar con esa mirada no implica una postura ideológica sino la obligación de identificar desigualdades estructurales y evitar que los fallos reproduzcan prejuicios históricos.
Según explicó, esa perspectiva también resulta determinante al momento de valorar pruebas y construir sentencias que no profundicen situaciones de vulnerabilidad, especialmente en casos donde existen relaciones asimétricas de poder.
Respecto al uso de inteligencia artificial en el Poder Judicial, consideró que puede ser una herramienta útil para tareas repetitivas y administrativas, aunque dejó en claro que nunca puede reemplazar la decisión humana del magistrado ni el contacto directo con quienes acuden a la justicia.
Durante la entrevista también surgieron preguntas sobre vínculos familiares dentro del ámbito jurídico provincial, un tema sensible en concursos judiciales. Allí, Kremer reconoció que proviene de una familia vinculada al derecho, pero remarcó que su postulación debe evaluarse por su trayectoria profesional dentro del fuero civil y comercial.
En materia ambiental, fue consultada sobre el equilibrio entre desarrollo económico y actividad extractiva en una provincia atravesada por la producción hidrocarburífera y minera. Su respuesta apuntó a la necesidad de analizar cada caso de manera particular y buscar siempre un equilibrio entre crecimiento y resguardo ambiental.
Además, se mostró a favor de evaluaciones periódicas para magistrados y funcionarios judiciales, defendió la capacitación permanente como parte de la responsabilidad del cargo y consideró razonable debatir una eventual reducción de la feria judicial si eso mejora el acceso ciudadano a la justicia.
Finalmente, sostuvo que la tutela judicial efectiva no puede reducirse a una definición técnica sino que implica garantizar acceso real, patrocinio gratuito para sectores vulnerables y resoluciones en tiempos razonables.
El despacho favorable fue aprobado por amplia mayoría y solo recibió el rechazo del bloque PTS-FIT-U, dejando el pliego en condiciones de ser debatido en el recinto.
En la misma reunión, la comisión también dio despacho por unanimidad al proyecto impulsado por el Tribunal Superior de Justicia para actualizar los salarios del personal judicial en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor, una iniciativa que ahora continuará su recorrido en la comisión de Hacienda y Presupuesto.