Un megaoperativo internacional por una causa que involucra material de abuso sexual infantil y que implicó un amplio despliegue en varias provincias terminó con una ex funcionaria del gobierno de Santa Cruz demorada y desvinculada del cargo.

El operativo denominado "Aliados por la Infancia VI", se desarrolló este martes por la mañana, e implicó un amplio despliegue coordinado en 16 países. El objetivo fue combatir delitos vinculados al consumo y comercialización de material de abuso sexual infantil.

En Argentina, la investigación derivó en 70 allanamientos simultáneos en distintas jurisdicciones: Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fe, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán, además de CABA. 

De ese total, 13 procedimientos se realizaron en la provincia de Santa Cruz. La simultaneidad de los operativos fue uno de los puntos clave, ya que permitió avanzar de manera coordinada sobre múltiples objetivos, evitando la posible eliminación de pruebas digitales. 

De acuerdo a información publicada por medios de Santa Cruz, los allanamientos en esa provincia se concentraron en tres localidades: 9 en Río Gallegos, 3 en El Calafate y uno en Piedra Buena.

En cada uno de los domicilios intervenidos se avanzó en la identificación de personas y el secuestro de elementos de interés para la causa, principalmente dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes. En ese marco, una directora que cumplía funciones en un organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social fue desvinculada del cargo, luego de un allanamiento. 

Se trata de Ivana Álvarez, directora del Centro Integrador Comunitario (CIC) “Nuestra Señora del Carmen” en Río Gallegos, quien ocupa ese cargo desde 2024. Según La Opinión Austral, es reconocida como la primera mujer trans en ocupar un cargo directivo de este tipo en la provincia y ha trabajado activamente en la articulación de derechos para el colectivo.
La detención de Álvarez estaría vinculada al consumo de material de abuso sexual infantil y, según trascendió, quedó  a disposición del juzgado. 

En total, se identificaron ocho personas mayores y seis menores de edad que podrían estar involucrados en los delitos que se investigan. El paso siguiente será el análisis de la información recolectada y no se descarta que surjan nuevas medidas judiciales en los próximos días.

El operativo en la región fue llevado adelante por distintas áreas especializadas en investigación criminal y delitos complejos. Participaron la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, el Departamento del Delito Organizado Zona Sur, la DDI Río Gallegos, la División Cibercrimen y Trata de Personas.

El accionar articulado de las distintas dependencias forma parte de una estrategia internacional que busca desarticular redes vinculadas a delitos contra la infancia, mediante el trabajo conjunto entre fuerzas de seguridad, áreas judiciales y organismos especializados.

Desde el Gobierno Provincial se indicó que, frente a situaciones de esta naturaleza de público conocimiento se actuó con rapidez y responsabilidad, priorizando el resguardo institucional y la confianza de la comunidad en los espacios públicos. “El Gobierno de Santa Cruz acompaña el accionar de la Justicia y mantiene una postura institucional frente a este tipo de situaciones”.