27 de abril de 2026
NEUQUEN
Más pruebas y posible coerción: Bertolini enfrenta horas decisivas en la Justicia
La Fiscalía incorporará unos 160 contratos al expediente que investiga presuntas irregularidades por más de $2.300 millones en el municipio de Plottier. La jueza deberá resolver los planteos de la defensa y definir si avanza la imputación formal contra el intendente
La causa judicial que involucra al intendente de Plottier, Luis Bertolini, ingresó en una instancia determinante este lunes luego de que la Fiscalía solicitara un cuarto intermedio durante la audiencia de formulación de cargos para incorporar nueva documentación al expediente.
El Ministerio Público Fiscal prevé sumar cerca de 160 contratos que considera centrales para sostener la acusación por presuntas maniobras de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El monto investigado supera los 2.300 millones de pesos.
La investigación apunta a contrataciones realizadas entre enero de 2024 y marzo de 2026, bajo la sospecha de un esquema sostenido de adjudicaciones a empresas vinculadas al empresario Pedro Vilches, sin licitaciones públicas ni concursos de precios y con expedientes administrativos incompletos.
Según la hipótesis fiscal, una de las firmas beneficiadas mantenía vínculos con el entorno municipal. En particular, se investiga la relación entre Vilches y Mauricio López, hijo de la subsecretaria de Hacienda municipal, Gladys Ramírez, quien también quedó alcanzada por la causa. Ambos, junto al propio Bertolini, forman parte de la investigación.
Durante la audiencia, los fiscales Pablo Vignaroli y Rocío Rivero expusieron el núcleo de la acusación y señalaron que existirían resoluciones reiteradas para favorecer a las empresas Valco y Altus S.A., vinculadas a Vilches, por un total de más de 160 contrataciones.
Además, se mencionó que durante los allanamientos se secuestraron 20 dispositivos electrónicos y se detectaron 92 transferencias por unos $1.500 millones. También se incorporó al expediente una tarjeta de agradecimiento hallada en el domicilio del intendente, vinculada a las empresas investigadas.
Uno de los puntos que generó mayor discusión fue la intervención de la Fiscalía de Estado. La defensa de Bertolini planteó la nulidad de la audiencia al advertir que debía participar formalmente por tratarse de una causa donde se investigan fondos públicos municipales.
Tras un cuarto intermedio inicial, el apoderado Gustavo Kohon se presentó y se constituyó como querellante, lo que permitió continuar con la audiencia, aunque la defensa insistió con sus objeciones procesales.
Los abogados del intendente también pidieron el apartamiento del fiscal Vignaroli, al considerar que su actuación afectaba la objetividad del proceso. Sostuvieron que existía una exposición mediática que generaba una “condena anticipada” antes de que se resolviera la situación judicial.
Desde la Fiscalía rechazaron esa interpretación y defendieron la investigación, al tiempo que consideraron que los planteos forman parte de una estrategia dilatoria para postergar la formulación de cargos.
Ahora la jueza de Garantías, Carina Álvarez, deberá resolver los planteos presentados y definir si avanza la imputación formal. Tiene plazo hasta este martes a las 8.30 para pronunciarse.
En paralelo, la Fiscalía analiza la posibilidad de solicitar medidas cautelares, entre ellas una eventual prisión domiciliaria para Bertolini, bajo el argumento de que podría existir riesgo de entorpecimiento de la investigación si continúa en funciones.
Uno de los elementos que refuerza esa postura es que, según la acusación, incluso después del secuestro de documentación relevante, se habrían registrado movimientos administrativos dentro del municipio, lo que para los investigadores podría indicar capacidad de influencia sobre expedientes y posibles testigos.