26 de abril de 2026
SANTA CRUZ
El conflicto por el STJ entró en una etapa clave y la Corte Suprema tendrá la última palabra
Con el expediente ya en manos del máximo tribunal, la definición sobre la ampliación del TSJ quedó en el centro de la disputa política e institucional entre el gobierno de Claudio Vidal y los sectores que resisten la reforma judicial
La intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la crisis del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz abrió una nueva etapa en uno de los conflictos institucionales más profundos que atraviesa la provincia desde el cambio de gobierno en 2023.
Luego de que los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaran la recusación presentada por el gremio judicial y ordenaran el envío urgente de todo el expediente, el foco pasó de la discusión procesal a la resolución de fondo: definir si la ampliación del máximo tribunal provincial es constitucional o no.
Ese fallo será determinante para el futuro político e institucional de Santa Cruz, ya que de su resultado dependerá la composición definitiva del TSJ y, en buena medida, la relación de fuerzas entre el gobernador Claudio Vidal y los sectores ligados al esquema judicial construido durante los años de predominio kirchnerista.
El conflicto comenzó en agosto de 2025, cuando la Legislatura provincial aprobó la ley 3949, que amplió de cinco a nueve los integrantes del Tribunal Superior de Justicia.
La iniciativa fue impulsada por el oficialismo como parte de una reforma orientada a modificar la estructura de poder dentro del Poder Judicial, bajo el argumento de avanzar hacia una mayor pluralidad institucional y revisar un esquema que, según el Gobierno, permanecía ligado a la etapa política anterior.
A partir de esa ley fueron promovidos nuevos nombramientos, entre ellos el del exgobernador Sergio Acevedo, junto a José Antonio González Nora, Gabriel Contreras y Juan de la Vega.
La incorporación de esos nuevos vocales alteraba el equilibrio interno frente a los magistrados históricos del tribunal: Alicia Mercau, Paula Ludueña Campos, Renée Fernández y Fernando Basanta, todos designados en etapas anteriores.
Sin embargo, en diciembre del año pasado, el propio TSJ declaró inconstitucional la ley de ampliación y el conflicto escaló rápidamente. La disputa dejó al tribunal atravesado por una fuerte fractura interna, con cuestionamientos cruzados sobre la validez de las designaciones, dificultades para las juras, diferencias administrativas y una fuerte tensión institucional.
Desde el Gobierno provincial se interpretó esa resolución como un bloqueo político a la reforma judicial y se decidió llevar el caso ante la Corte Suprema mediante un recurso de queja presentado a fines de marzo.
Ahora, con el expediente bajo análisis del máximo tribunal nacional, se abren dos escenarios centrales.
Si la Corte convalida la ley 3949, los nuevos vocales podrán integrarse plenamente y el TSJ pasará a funcionar con nueve miembros, consolidando la estrategia de Vidal de modificar la estructura judicial provincial.
Si, en cambio, la Corte declara inconstitucional la norma, se mantendrá la actual composición de cinco integrantes y el oficialismo provincial enfrentará un revés en uno de los ejes más sensibles de su proyecto de gobierno.
Más allá del resultado puntual, la resolución también puede sentar un precedente sobre hasta dónde llega la autonomía provincial para reorganizar sus máximos tribunales y en qué circunstancias la Corte Suprema nacional puede revisar esas decisiones.