22 de abril de 2026
NEUQUEN
El Poder Judicial hará controles toxicológicos a magistrados y funcionarios
El protocolo fue aprobado por el Tribunal Superior de Justicia y fija controles aleatorios y transparentes, en el marco de la Ley 3531 impulsada por el gobernador Rolando Figueroa para todos los poderes del Estado
El Poder Judicial dio un paso clave en la implementación de los controles toxicológicos al aprobar el protocolo que regula cómo se realizarán los exámenes a magistrados, fiscales, defensores y funcionarios. La medida se inscribe en la aplicación de la Ley Provincial 3531/25, promulgada por el gobernador Rolando Figueroa en octubre de 2025.
La normativa establece la obligatoriedad de someterse a estos estudios como condición para permanecer en cargos públicos, con el objetivo de garantizar estándares de ética, idoneidad, integridad y transparencia en la función pública. Además, busca asegurar que el ejercicio de responsabilidades se mantenga libre de vínculos con el narcotráfico y de los efectos de sustancias psicoactivas prohibidas.
En este contexto, el protocolo aprobado por el Tribunal Superior de Justicia define el procedimiento específico dentro del ámbito judicial. La iniciativa se enmarca en políticas de prevención y promoción de la salud laboral, orientadas a consolidar entornos de trabajo saludables.
El sistema prevé una selección aleatoria y transparente de los funcionarios alcanzados, mediante la asignación de códigos identificadores únicos que resguardan la identidad de los participantes. Los sorteos estarán a cargo del Departamento de Salud Ocupacional y la Dirección de Gestión Humana, y se realizarán de forma periódica.
Según lo establecido, cada trimestre se evaluará al 25% del universo alcanzado por la ley, aunque ese porcentaje se distribuirá en sorteos semanales. Durante el primer trimestre no se tendrán en cuenta antecedentes previos, mientras que en los siguientes se reservará un 20% para personas que nunca hayan sido sorteadas y un 5% para quienes ya hayan participado anteriormente.
La ley provincial tiene un alcance amplio: incluye desde el gobernador y vicegobernador hasta ministros, legisladores, jueces, fiscales, defensores, consejeros de la Magistratura, autoridades de organismos estatales y municipales, entre otros cargos. También establece que los controles serán sorpresivos y podrán realizarse mediante pruebas rápidas homologadas, incluso en el lugar de trabajo. La negativa injustificada a someterse al examen será considerada equivalente a un resultado positivo.
Todo el procedimiento se rige por principios de confidencialidad, protección de datos personales en línea con la Ley Nacional 25.326, no discriminación y debido proceso. La difusión indebida de la información será considerada una falta grave.