Una investigación federal volvió a poner el foco sobre un fideicomiso inmobiliario en Dina Huapi y con él, pocas certezas. Un proyecto con sospechas de lavado de dinero, prestanombres y un emprendimiento millonario que hoy está frenado por la Justicia. Un loteo con alta conflictividad y con controles que, al menos por ahora, no son muchos

Un loteo con denuncias e irregularidades

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Una causa, que tramita en la Justicia Federal con asiento en Bariloche, avanza sobre un desarrollo que nunca terminó de consolidarse. Lo que en un principio se presentaba como una oportunidad de crecimiento urbano, con el tiempo quedó envuelto en denuncias por presuntas irregularidades tanto en la venta de lotes como en el manejo de los fondos.

En ese contexto, La Tecla Patagonia buscó respuestas en el ámbito legislativo local. La consulta era concreta: qué tipo de controles existen sobre este tipo de emprendimientos. La respuesta, sin embargo, abrió más dudas. Mónica Balseiro, concejal y presidenta de la comisión de Obras y Planificación, aseguró no saber si el Poder Ejecutivo lleva adelante algún tipo de supervisión. Lejos de aclarar el panorama, sus declaraciones dejaron entrever una falta de seguimiento que preocupa.

Lo que llamó la atención es que quien ocupa un rol clave en materia de planificación urbana reconociera no estar al tanto del caso, pese a que la investigación lleva años en curso. En un escenario donde el crecimiento inmobiliario es constante, ese desconocimiento no se supone pasar desapercibido.

El expediente judicial se inició a partir de una denuncia presentada por el fiduciario del fideicomiso “La Herradura”, Sergio Rodolfo Burgos. En su presentación apuntó contra Fernando Boudourian, Rafael Juan Pablo Malleret y Marcela Andrea Caferina Albornoz, a quienes vinculó con una operatoria bajo sospecha que incluiría posibles maniobras de lavado de activos, evasión fiscal y asociación ilícita.

A partir de allí, la Fiscalía Federal comenzó a reconstruir el recorrido del dinero. Para eso pidió documentación a escribanías y registros notariales, con el objetivo de analizar escrituras, cesiones de derechos y movimientos asociados al fideicomiso. La clave está en determinar si esas operaciones cumplieron con las exigencias legales, en particular en lo que respecta al origen de los fondos.

Uno de los puntos que más atención concentra es una inversión de unos 600 mil dólares destinada a la compra de 50 lotes en 2017. Según consta en la causa, esa operación se habría realizado a través de terceros, lo que abrió interrogantes sobre el uso de prestanombres.

De acuerdo con la denuncia, Malleret y Albornoz habrían participado en la firma de contratos sin poder justificar el origen del dinero. Años más tarde, Boudourian se presentó como el supuesto verdadero titular de esas operaciones y aseguró haber sido el financista. Sin embargo, esa versión es puesta en duda dentro del expediente, donde incluso se menciona el reconocimiento del uso de “hombres de paja”.

El perfil fiscal de los involucrados es otro de los elementos bajo análisis. En el caso de Boudourian, su condición de monotributista y la falta de declaraciones patrimoniales contrastan con el volumen de las inversiones investigadas. Según pericias contables, no se pudo acreditar que contara con la capacidad económica necesaria para operaciones de esa magnitud.

Mientras tanto, el conflicto también se despliega en el fuero civil. Hay reclamos por escrituración, demoras en transferencias y disputas entre inversores y administradores. Esa superposición de causas no hace más que reforzar la idea de un entramado complejo, difícil de desarmar desde un único expediente.

El desarrollo en cuestión se ubica en un predio de unas 145 hectáreas sobre la Ruta Nacional 40, una zona clave para la expansión urbana. Hoy, una medida cautelar impide avanzar con cualquier tipo de comercialización hasta que se resuelva el conflicto.A pesar de eso, existe una promoción del proyecto a pesar de esa restricción.

Al consultar sobre el loteo, siguen apareciendo publicaciones de venta de lotes vinculados al emprendimiento. En portales inmobiliarios se ofrecen terrenos de alrededor de 1.000 metros cuadrados por valores cercanos a los USD 39.000, con descripciones que resaltan la cercanía al río Ñirihuau, vistas a los cerros y futuras obras de infraestructura. Algunos avisos incluso aseguran que los lotes están escriturados, lo que contrasta con los conflictos judiciales en curso.

Detrás del entramado aparece el fideicomiso “La Herradura”, constituido en 2016 y con base en Bariloche, pero con proyección más allá de la región. En los últimos años, su estructura se vinculó a nuevos desarrollos, entre ellos un proyecto inmobiliario en Tucumán bajo una denominación similar, lo que sugiere un esquema que se replica en distintas jurisdicciones.

Aunque en lo formal no presenta deudas fiscales ni financieras ni registra cheques rechazados, su perfil crediticio resulta bajo para operaciones de esta escala y la información pública disponible es limitada, una combinación que empieza a generar dudas.

Desde el municipio, en tanto, el posicionamiento es prudente. El jefe de Gabinete, Hernán Terrens, charló con La Tecla Patagonia y señaló que la municipalidad fue citada como testigo y que se trata de “una situación entre particulares”. También remarcó que el rol del Estado local se limita a declarar lo que sabe. Sin embargo, ante consultas sobre posibles acciones a futuro, no hubo mayores definiciones.

La consultada por parte del Concejo Deliberante, por su parte, relativiza el impacto urbanístico del caso. Señalan que eventuales problemas ambientales solo surgirían si existieran subdivisiones no autorizadas, lo que, indirectamente, vuelve a poner en discusión el nivel de control sobre este tipo de desarrollos.

De todos modos, reconocen que es necesario avanzar en herramientas regulatorias más sólidas. En ese sentido, mencionaron la reciente aprobación de una ordenanza sobre subdivisión de propiedades, que definieron como “bastante estricta”. Aunque al consultarle si debe haber un nuevo relevamiento de los lotes admiten que el tema es que las titularidades que se registran son las que vienen del registro provincial ya escrituradas.

Las respuestas oficiales, fragmentadas y muchas veces imprecisas, reflejan una dificultad que atraviesa todo el caso: la de establecer responsabilidades claras en un esquema donde se mezclan intereses privados, estructuras fiduciarias y controles estatales que no terminan de cerrar.

Pero más allá de lo que resuelvan los tribunales, el caso deja al descubierto una discusión más amplia. En un contexto de fuerte expansión inmobiliaria, donde la tierra se vuelve cada vez más valiosa, la falta de controles claros y de información accesible abre la puerta a zonas grises que terminan afectando tanto a inversores como a las propias comunidades.

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