7 de abril de 2026
NUEVA AVANZADA
Reforma laboral en disputa: el Gobierno apeló el fallo que suspendía más de 80 artículos
El gobierno de Milei apeló el fallo que dejaba en suspenso varios artículos de la reforma que se aprobó en el Congreso. También avanzó contra la ley de financiamiento universitario
El Gobierno nacional decidió avanzar judicialmente contra el fallo que dejó en suspenso gran parte de la reforma laboral aprobada por el Congreso y ahora será la Cámara Nacional del Trabajo la encargada de revisar la medida cautelar impulsada por la CGT.
La presentación oficial fue realizada luego de que la Justicia laboral resolviera frenar 82 artículos de la normativa, una decisión que había sido adoptada a fines de marzo tras un amparo presentado por la central sindical.
El recurso fue aceptado por el juez laboral Raúl Horacio Ojeda, quien había dictado originalmente la cautelar. Con este paso procesal, el expediente quedó habilitado para su análisis en segunda instancia, donde se definirá si la suspensión continúa o si el Ejecutivo logra revertir el escenario judicial.
Sin embargo, el magistrado rechazó uno de los principales pedidos del Gobierno. La Casa Rosada pretendía que la apelación tuviera efecto suspensivo, lo que habría permitido que los artículos cuestionados recuperaran vigencia mientras se revisa el fallo.
Ojeda, en cambio, otorgó el recurso con efecto devolutivo, por lo que la suspensión seguirá vigente hasta que la Cámara se pronuncie definitivamente.
La cautelar había sido dictada el 30 de marzo luego de que la Confederación General del Trabajo solicitara la declaración de inconstitucionalidad de distintos puntos de la reforma. Como medida preventiva, el tribunal resolvió frenar la aplicación de los artículos impugnados para evitar consecuencias que luego pudieran resultar irreversibles si la norma fuera invalidada.
Según explicó el juez en su resolución, la intervención judicial busca impedir que se consoliden situaciones jurídicas que puedan afectar gravemente a trabajadores, instituciones y derechos en discusión mientras se analiza el fondo del planteo.
Mientras avanza el proceso judicial, el Gobierno mantiene reuniones en Casa Rosada para definir los próximos pasos legales. Este martes participaron funcionarios de la Procuración del Tesoro —encargados de la defensa jurídica del Estado— junto a autoridades de la Secretaría de Legal y Técnica, en un intento por coordinar la estrategia frente al frente judicial abierto contra varias iniciativas oficiales.
En paralelo, el Ejecutivo también resolvió apelar otro fallo adverso: la decisión judicial que ratificó la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795.
Esa norma obliga al Estado nacional a actualizar salarios de docentes y no docentes, recomponer becas estudiantiles y garantizar partidas destinadas a investigación científica. La medida cautelar había sido confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, tras la sanción legislativa que el Congreso ratificó en octubre de 2025.
De esta manera, el Gobierno suma un nuevo capítulo en la disputa judicial por sus reformas estructurales, con dos causas clave que ahora dependerán de tribunales superiores y que mantienen en suspenso decisiones centrales de su agenda económica y laboral.