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Cortés anticipa veto y crece la tensión por el pase a planta permanente
El intendente cuestionó una ordenanza aprobada por la oposición que busca regularizar la situación de empleados municipales. La decisión abre un escenario de incertidumbre política e institucional
El intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés, anticipó que vetará la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante que establece el pase a planta permanente de trabajadores municipales contratados bajo distintas modalidades.
La norma, impulsada por sectores de la oposición, contempla la incorporación de entre 70 y 100 empleados que actualmente se desempeñan bajo el régimen de horas cátedra o en el marco de cupos laborales específicos, como el trans y el de personas con discapacidad. Para acceder al beneficio, los trabajadores deberán cumplir ciertos requisitos, como antigüedad previa a fines de 2019 y no registrar sanciones disciplinarias recientes.
El proyecto fue aprobado por mayoría en la última sesión del Concejo, con el respaldo de ediles de distintos bloques opositores. Sin embargo, la ausencia de tres concejales dejó abierto el escenario político y alimenta la incertidumbre sobre si el cuerpo podrá sostener la ordenanza frente al veto del Ejecutivo.
La iniciativa prevé la creación de una comisión integrada por representantes del Ejecutivo, el gremio Soyem y el propio Concejo Deliberante, que tendrá a su cargo la evaluación de cada caso antes de concretar los pases a planta, descartando un mecanismo automático.
Desde el Ejecutivo municipal cuestionaron el impacto económico de la medida y la oportunidad en que fue tratada. Cortés también adelantó que vetará otra ordenanza vinculada a la creación de una residencia municipal para adultos mayores, al considerar que implicaría un aumento significativo del gasto público.
El proyecto aprobado tuvo origen en el sindicato Soyem y fue presentado por el concejal Leandro Costa Brutten. Durante el debate, desde la oposición defendieron la iniciativa como una herramienta para regularizar situaciones de precarización laboral y garantizar mayor estabilidad a trabajadores con años de servicio en el municipio.
Por su parte, desde el oficialismo argumentaron su rechazo señalando diferencias en la forma y el momento de avanzar con la medida, y plantearon que debería haberse trabajado en conjunto con el Ejecutivo.
Con el veto anunciado, el futuro de la ordenanza queda ahora sujeto a la capacidad del Concejo para reunir los votos necesarios y ratificarla, en un escenario de equilibrio político ajustado.
El intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés, anticipó que vetará la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante que establece el pase a planta permanente de trabajadores municipales contratados bajo distintas modalidades.
La norma, impulsada por sectores de la oposición, contempla la incorporación de entre 70 y 100 empleados que actualmente se desempeñan bajo el régimen de horas cátedra o en el marco de cupos laborales específicos, como el trans y el de personas con discapacidad. Para acceder al beneficio, los trabajadores deberán cumplir ciertos requisitos, como antigüedad previa a fines de 2019 y no registrar sanciones disciplinarias recientes.
El proyecto fue aprobado por mayoría en la última sesión del Concejo, con el respaldo de ediles de distintos bloques opositores. Sin embargo, la ausencia de tres concejales dejó abierto el escenario político y alimenta la incertidumbre sobre si el cuerpo podrá sostener la ordenanza frente al veto del Ejecutivo.
La iniciativa prevé la creación de una comisión integrada por representantes del Ejecutivo, el gremio Soyem y el propio Concejo Deliberante, que tendrá a su cargo la evaluación de cada caso antes de concretar los pases a planta, descartando un mecanismo automático.
Desde el Ejecutivo municipal cuestionaron el impacto económico de la medida y la oportunidad en que fue tratada. Cortés también adelantó que vetará otra ordenanza vinculada a la creación de una residencia municipal para adultos mayores, al considerar que implicaría un aumento significativo del gasto público.
El proyecto aprobado tuvo origen en el sindicato Soyem y fue presentado por el concejal Leandro Costa Brutten. Durante el debate, desde la oposición defendieron la iniciativa como una herramienta para regularizar situaciones de precarización laboral y garantizar mayor estabilidad a trabajadores con años de servicio en el municipio.
Por su parte, desde el oficialismo argumentaron su rechazo señalando diferencias en la forma y el momento de avanzar con la medida, y plantearon que debería haberse trabajado en conjunto con el Ejecutivo.
Con el veto anunciado, el futuro de la ordenanza queda ahora sujeto a la capacidad del Concejo para reunir los votos necesarios y ratificarla, en un escenario de equilibrio político ajustado.