1 de abril de 2026
RIO NEGRO
Tras el fallo que blindó a Domínguez, Rivero va a la apelación y apunta a los jueces
El exintendente de Campo Grande anunció que irá a instancias superiores y apuntó contra magistrados por interpretar la Constitución de manera “funcional” al desestimar quitarle la banca al ahora diputado provincial de LLA

El rechazo judicial al intento de quitarle la banca al legislador César Domínguez reconfiguró parte del escenario político en Río Negro y activó una respuesta inmediata del ex candidato a gobernador Ariel Rivero, quien confirmó que avanzará con una apelación y lanzó cuestionamientos directos al accionar de la Justicia.
La resolución, firmada por el juez electoral Carlos Da Silva, desestimó el planteo impulsado por Primero Río Negro, que buscaba la revocatoria del mandato tras la salida de Domínguez del espacio y su posterior incorporación a La Libertad Avanza. El magistrado sostuvo que no se configuraron los requisitos exigidos por la Constitución provincial para avanzar con la pérdida de la banca.
En su análisis, la sentencia remarca que el cambio de alineamiento político no constituye por sí solo una causal suficiente para remover a un legislador, salvo que se demuestre una contradicción concreta y sustancial con la plataforma electoral. Según el fallo, ese extremo no fue acreditado en este caso.
Rivero, en cambio, cuestionó esa interpretación y planteó que el criterio adoptado desnaturaliza el sentido de la representación política. Sin apuntar a todo el Poder Judicial, advirtió que existen jueces que actúan de manera “irresponsable” o bajo influencias políticas, lo que —según expresó— afecta la calidad institucional.
El dirigente también amplió sus críticas al mencionar antecedentes recientes, entre ellos decisiones vinculadas al juez federal Horacio Greca en procesos partidarios, lo que refuerza su planteo sobre un funcionamiento judicial que considera cuestionable en distintos ámbitos.
La controversia vuelve a instalar una discusión de fondo: si la banca pertenece al partido o al dirigente electo, y hasta qué punto los cambios de espacio alteran el mandato otorgado por el electorado. La resolución judicial se inclina por una interpretación más flexible, mientras que el sector que impulsó la revocatoria sostiene una lectura más restrictiva.