31 de marzo de 2026
RIO NEGRO
Un fideicomiso en Dina Huapi, en el centro de una causa por posibles irregularidades
La Justicia Federal avanza con medidas para reconstruir el circuito de compraventas y movimientos de fondos en un fideicomiso inmobiliario. Piden documentación clave a escribanías y analizan vínculos con otros litigios en la región
Una investigación en el fuero federal puso bajo análisis un desarrollo inmobiliario en la localidad rionegrina de Dina Huapi, en un expediente que busca determinar si existieron maniobras irregulares vinculadas a la comercialización de lotes y al movimiento de fondos asociados a un fideicomiso.
La causa se inició a partir de una denuncia penal presentada por Sergio Rodolfo Burgos, fiduciario del fideicomiso “La Herradura”. En ese marco, tres personas —Fernando Boudourian, Rafael Juan Pablo Malleret y Marcela Andrea Caferina Albornoz— quedaron señaladas en la presentación judicial como presuntos integrantes de un esquema bajo investigación por eventuales delitos de lavado de activos, evasión fiscal y asociación ilícita.
Como primera línea de acción, la Fiscalía Federal con asiento en San Carlos de Bariloche solicitó documentación para reconstruir las operaciones realizadas dentro del fideicomiso denominado “La Herradura”, incluyendo copias certificadas de escrituras y cesiones de derechos.
El objetivo central es trazar el recorrido de las transacciones y verificar si se cumplieron las exigencias legales, especialmente aquellas vinculadas a la acreditación del origen de los fondos utilizados para la adquisición de parcelas (Boudourian habría invertido el equivalente a unos 600.000 dólares en 50 lotes en 2017 a través de intermediarios). Este punto es considerado clave dentro del expediente, ya que podría determinar la eventual existencia de irregularidades en la operatoria financiera.
En paralelo, la causa federal se vincula con antecedentes en la justicia civil donde se discuten conflictos por la escrituración de terrenos dentro del mismo desarrollo. En esos expedientes se analizan incumplimientos contractuales, demoras en la transferencia de titularidades y disputas entre inversores y administradores del proyecto.
El caso también se proyecta sobre un predio de aproximadamente 145 hectáreas ubicado sobre la Ruta Nacional 40, una zona de alto interés para el desarrollo urbano en el área andina. Sobre esas tierras rige una medida cautelar que impide avanzar con cualquier tipo de comercialización o desarrollo hasta que se resuelvan los litigios en curso.
A pesar de esa restricción judicial, en el expediente se mencionan controversias vinculadas a posibles gestiones orientadas a la promoción del proyecto, lo que agrega un elemento adicional a la investigación en marcha.Otro de los ejes bajo análisis es la consistencia entre el perfil fiscal declarado por los involucrados —especialmente Boudourian, monotributista sin declaración de bienes personales— y el volumen de las operaciones en las que habrían participado.
En ese sentido, la causa incorpora informes y antecedentes que buscan establecer si existe correspondencia entre la capacidad económica declarada y las inversiones realizadas en el marco del fideicomiso.Además, en el expediente se menciona la utilización de terceros (Malleret y Albornoz como presuntos “prestanombres”) en algunas operaciones, lo que abre una línea de investigación sobre eventuales intermediaciones o figuras utilizadas para canalizar transacciones.La investigación continúa en etapa preliminar, centrada en la recolección y análisis de documentación.
En función de los resultados, la Justicia deberá definir si existen elementos suficientes para avanzar en imputaciones formales o si las operaciones analizadas se encuadran dentro de la legalidad.
Mientras tanto, el caso se inscribe en un contexto más amplio de litigios y controversias en el mercado inmobiliario de la región andina, particularmente en áreas de alta valorización, donde confluyen inversiones de gran escala y disputas judiciales por la titularidad y el desarrollo de tierras estratégicas.