20 de marzo de 2026
SANTA CRUZ
El gobierno de Santa Cruz precisó cómo se usarán los fondos de Nación
El ministro de Economía, Ezequiel Verbes, y la ministra de Gobierno, Belén Emilger, salieron a aclarar que los fondos no afectarán “en lo más mínimo” la coparticipación de los municipios. La confirmación surgió en respuesta a la inquietud de algunos intendentes
Ayer, el Gobierno nacional dispuso un anticipo financiero de hasta 100.000 millones de pesos para la provincia de Santa Cruz, con el objetivo de atender compromisos urgentes vinculados a su situación fiscal, y rápidamente desde el gobierno provincial salieron a aclarar cómo será el uso de esos fondos.
La noticia fue oficializada a través del Decreto 161/2026, publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei, junto a funcionarios del área económica, y establece que los fondos serán girados durante el mes de marzo.
Posteriormente, el ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, aseguró que la asistencia de $100.000 millones permitirá garantizar el pago de salarios y el funcionamiento del Estado sin recortar fondos a las comunas.
Verbes afirmó que el adelanto de fondos nacionales a la provincia, que será devuelto en cuotas mensuales a partir de abril, "no afectará en lo más mínimo la coparticipación de los municipios; es una herramienta que nos permite cumplir en tiempo y forma con jubilados y trabajadores activos”, señaló el funcionario.
La asistencia tiene carácter de extraordinaria y será reintegrada con recursos provinciales dentro del mismo ejercicio fiscal. Según aclararon desde el Ejecutivo, la operación no tendrá impacto sobre las transferencias que reciben los municipios.
Para el gobierno la asistencia de Nación fue "un alivio en un escenario de presión fiscal. El desembolso nacional llega en un momento de fuerte tensión sobre las cuentas públicas. La disminución de recursos obligó a la Provincia a recurrir a mecanismos de financiamiento de corto plazo para sostener su funcionamiento".
En este marco, Verbes explicó que este tipo de gestiones forman parte de una administración “día a día”, orientada a garantizar la continuidad de servicios esenciales como salud, educación y seguridad.
Por otra parte, la administración de Claudio Vidal insistirá en la necesidad de declarar la Ley de Emergencia económica. Considera que se trata de una herramienta clave para equilibrar las cuentas provinciales, que tienen un déficit proyectado que ronda los $339.000 millones.
Ayer, la ministra de Gobierno, Belén Emilger, defendió el proyecto que impulsa el Ejecutivo y aseguró que su aprobación permitiría acceder a financiamiento clave para afrontar la crisis financiera que atraviesan las cuentas públicas provinciales.
“La ley de emergencia nos permitiría tomar crédito blando e inyectar recursos en salarios y futuras paritarias”, aseguró la funcionaria, al tiempo que remarcó la imposibilidad de avanzar en negociaciones salariales sin respaldo económico. “No podemos fijar una fecha de paritarias si no tenemos los recursos para hacer una oferta”, agregó.
El proyecto de ley de Emergencia Económica, que originalmente iba a ser tratado el jueves 12 de marzo en la Legislatura, no pudo avanzar debido a la presión de gremios estatales que se manifestaron en rechazo a la iniciativa. Tras una reunión entre legisladores del oficialismo, la oposición y dirigentes sindicales, la propuesta fue devuelta al Poder Ejecutivo para introducir modificaciones y habilitar la participación de los gremios en su redacción.
Además, en el mismo sentido que Verbes, respondió a los intendentes respecto del uso de los fondos que enviará Nación al afirmar que “Este adelanto no afecta a la coparticipación de los municipios. Son dos vías distintas”, y reiteró que la asistencia nacional no modifica la masa coparticipable que se distribuye a las comunas.
El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, había solicitado al Gobierno de Santa Cruz que coparticipe a todos los municipios de la provincia parte de los 100 mil millones que le adelantó el Gobierno nacional de Javier Milei, para atender la crítica situación financiera que enfrentan la casi totalidad de los jefes comunales en sus comunidades.