18 de marzo de 2026
CHUBUT
Suspendieron al abogado de Fiscalía de Estado por el escándalo de la presunta coima
Martín Castro fue apartado sin goce de haberes por 30 días mientras avanza un sumario administrativo. La investigación apunta a su actuación en el caso de Pablo “El Chavo” Ferreyra y a un posible conflicto de intereses
El escándalo judicial que sacudió a Chubut en los últimos días sumó una nueva derivación institucional: el abogado Martín Castro, empleado de planta permanente de la Fiscalía de Estado, fue suspendido preventivamente sin goce de haberes por 30 días mientras se investiga su conducta en el marco de un sumario administrativo.
La decisión fue adoptada por el fiscal de Estado, Andrés Meiszner, luego de la difusión de un video en el que el letrado aparece involucrado en una presunta maniobra irregular vinculada al cobro de dinero a cambio de gestiones judiciales. El caso generó fuerte repercusión pública y encendió alarmas dentro del propio organismo.
Según surge de la resolución, el sumario tiene como objetivo determinar si Castro incurrió en incumplimientos a las normas legales y éticas que rigen la función pública, en particular por su doble rol como agente estatal y abogado en ejercicio privado.
El episodio bajo análisis está vinculado a la presunta recepción de una suma millonaria —que superaría los 12 millones de pesos— a cambio de intervenir en favor de Pablo “El Chavo” Ferreyra, en una gestión orientada a morigerar su situación judicial. La investigación también pone el foco en la posible existencia de un conflicto de intereses.
Desde la Fiscalía de Estado remarcaron que la condición de Castro como integrante de planta permanente del organismo le imprime una gravedad adicional al caso, ya que su conducta podría impactar directamente en la credibilidad institucional. En ese sentido, el gobernador Torres ya advirtió que si el letrado cometió un delito, será desvinculado de su cargo.
La normativa vigente establece que los funcionarios públicos deben mantener una conducta acorde a la responsabilidad que ejercen, tanto dentro como fuera del ámbito laboral, evitando cualquier accionar que pueda afectar la confianza pública.
El expediente administrativo incorpora, entre otros elementos, registros audiovisuales y publicaciones periodísticas que dieron cuenta del hecho, los cuales serán analizados durante el proceso para establecer responsabilidades.
Si bien se señala que Castro habría actuado en carácter de abogado particular, desde el organismo entienden que su condición de agente estatal no resulta ajena a los hechos investigados, especialmente en lo referido a los estándares de ética y transparencia que se exigen en la función pública.
Además, el sumario buscará esclarecer si existió una vulneración a los principios de probidad, lealtad y rectitud, así como determinar si su intervención en el caso de Ferreyra resultó incompatible con su rol dentro de la estructura estatal.
La suspensión dispuesta tendrá vigencia mientras se sustancia la investigación interna, plazo en el cual se deberán reunir las pruebas y tomar las declaraciones necesarias para avanzar en la definición del caso.