18 de marzo de 2026
CHUBUT
Se debate en la Legislatura el proyecto para prohibir los celulares en las cárceles
El Ejecutivo de Torres envió formalmente la iniciativa para su tratamiento en el recinto. La norma busca prohibir el ingreso de cualquier dispositivo de comunicación inalámbrica en todos los establecimientos penitenciarios de la provincia

El Poder Ejecutivo de Chubut presentó formalmente ante la Legislatura Provincial un proyecto de ley que busca prohibir de manera absoluta el ingreso, tenencia, facilitación y uso de teléfonos celulares, tablets y cualquier otro dispositivo de comunicación inalámbrica por parte de las personas privadas de la libertad en todos los establecimientos penitenciarios de la provincia.
La iniciativa, firmada por el gobernador Ignacio Torres y el ministro de Gobierno Victoriano Eraso Parodi, responde a una promesa del mandatario y apunta directamente a combatir la utilización de estos aparatos para planificar y ejecutar delitos desde el interior de las cárceles, como estafas, extorsiones, secuestros virtuales y otras actividades ilícitas que se coordinan de forma remota.
El proyecto establece la prohibición total de telefonía móvil e internet para los internos en cárceles, alcaidías, comisarías y cualquier centro de detención bajo jurisdicción provincial. Para hacer efectiva esta medida, se obliga a instalar y mantener equipos de bloqueo o inhibición de señales de telefonía y datos en el perímetro de las unidades penitenciarias.
La responsabilidad de implementar estas tecnologías recaerá en la Subsecretaría de Justicia, que coordinará acciones con la Policía Provincial y requerirá la colaboración obligatoria de las empresas de telecomunicaciones para garantizar el corte efectivo de las señales.Además, la norma contempla un régimen sancionatorio estricto:
Para los internos: el incumplimiento será considerado una falta disciplinaria grave.
Para funcionarios, empleados o cualquier persona que facilite el ingreso o uso de estos dispositivos: se prevén sanciones severas.
El gobierno provincial argumenta que esta medida es esencial para que el sistema penitenciario cumpla su función de resguardo social y evite que los penales se conviertan en “oficinas remotas del delito”, poniendo en riesgo a la comunidad.
Ahora, el proyecto ingresó a la Legislatura para su análisis en comisiones, debate y eventual aprobación, con la expectativa de una implementación gradual en todo el territorio chubutense.