16 de marzo de 2026
PRESTACIONES EN RIESGO
Santa Cruz intimará a obras sociales por una deuda de $12.000 millones
El Ministerio de Salud provincial advirtió que el 95% de las obras sociales mantiene deudas con los hospitales públicos, algunas con hasta siete años de atraso. El Gobierno no descarta restringir atenciones programadas a afiliados de entidades que no regularicen sus pagos
El Gobierno de Santa Cruz inició un proceso para reclamar una deuda cercana a los 12.000 millones de pesos que las obras sociales mantienen con el sistema público de salud, una situación que, según las autoridades provinciales, genera un fuerte impacto financiero en los hospitales.
El tema fue abordado durante una jornada de trabajo encabezada por la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, junto a directores de hospitales de toda la provincia en la Sala Gregores de Casa de Gobierno. El encuentro formó parte de las gestiones impulsadas por el gobernador Claudio Vidal para avanzar en la normalización financiera del sistema sanitario provincial.
Durante la reunión, las autoridades sanitarias plantearon que la red asistencial atraviesa un escenario complejo que no solo afecta la atención médica, sino que también refleja un desfasaje financiero estructural derivado del incumplimiento de pagos por parte de numerosas entidades de seguridad social.
Según explicó el secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente, Simón Herrero, el diagnóstico es preocupante: el 95% de las obras sociales mantiene deudas con los hospitales públicos, en algunos casos con atrasos que llegan a siete años.
El funcionario detalló que la provincia inició una estrategia de intimación formal a las entidades de salud, luego de reiterados intentos de contacto que no obtuvieron respuestas. “Solamente tres obras sociales de más de cien nos han contestado; el resto ha recibido las comunicaciones, pero no ha dado respuesta”, afirmó.
Desde el Ministerio sostienen que, en la práctica, esta situación ha llevado a que el sistema público termine financiando prestaciones que corresponden a entidades privadas o de seguridad social, lo que genera un fuerte impacto en los recursos destinados a la atención de la población.
En ese contexto, el Gobierno provincial busca avanzar en la firma de nuevos convenios con las obras sociales, con el objetivo de establecer un marco jurídico y administrativo que permita regularizar la relación entre el sistema público y las prestadoras.
Mientras se analiza la situación de cada entidad, las autoridades sanitarias advirtieron que podrían aplicarse restricciones en las atenciones programadas para los afiliados de aquellas obras sociales que no regularicen sus deudas ni se adhieran al nuevo esquema. Sin embargo, desde el Ministerio aclararon que las guardias y las urgencias continuarán siendo atendidas sin restricciones, independientemente de la cobertura de cada paciente.
“Vamos a seguir atendiendo a todas las personas, pero no podemos continuar financiando a las obras sociales”, afirmó la ministra Ross al referirse a la situación.
Actualmente, solo la Caja de Servicios Sociales, el PAMI y el gremio UPCN —este último en proceso de negociación— se encuentran exceptuados de posibles restricciones en la asignación de turnos programados.
Durante el encuentro con directores hospitalarios también se abordaron los lineamientos de gestión para 2026, que incluyen la digitalización del sistema de salud, la capacitación del personal, la incorporación de telemedicina y el fortalecimiento del abastecimiento de insumos hospitalarios.
En ese marco, Ross destacó que los directores de hospitales cumplen un rol clave en el funcionamiento del sistema sanitario provincial. “Son quienes están en la trinchera del sistema de salud”, expresó.
Otro de los ejes abordados fue la compra centralizada de medicamentos para toda la provincia. El Ministerio realizó recientemente la apertura de sobres de una licitación que contempla la adquisición de alrededor de 400 medicamentos hospitalarios, además de la implementación de un software para el control de stock.
Según explicó la ministra, el nuevo esquema permitirá evitar compras individuales por parte de cada hospital, optimizar la logística y reducir costos. De acuerdo con las estimaciones oficiales, esta modalidad generaría un ahorro cercano a los 10.000 millones de pesos para el sistema sanitario provincial.
“Con este sistema vamos a poder controlar el stock de medicamentos en cada hospital y abastecerlos de manera eficiente, evitando faltantes en algunas localidades o excesos en otras”, indicó Ross.
El Gobierno provincial también trabaja en la implementación de un sistema de telemedicina, cuyo proceso licitatorio se encuentra en marcha y cuya apertura de sobres está prevista para fines de este mes.
La iniciativa apunta a mejorar el acceso a especialidades médicas en localidades donde actualmente no hay profesionales disponibles, permitiendo realizar consultas virtuales en áreas como endocrinología o dermatología.
Finalmente, la ministra adelantó que el Ejecutivo analiza un proyecto de fortalecimiento del sistema sanitario, que incluirá mejoras en equipamiento e infraestructura hospitalaria en distintas localidades de la provincia.
“El gobernador nos pidió desde el inicio de la gestión trabajar para mejorar el sistema de salud. Estamos avanzando en distintas acciones para garantizar que los hospitales cuenten con los recursos necesarios para atender a todos los santacruceños”, concluyó.