13 de marzo de 2026
CONGRESO
El Gobierno impulsa a Crexell como embajadora y revive una vieja polémica
El pedido de acuerdo para la exsenadora neuquina no especifica destino diplomático y vuelve a poner en agenda el debate político que se generó en 2024 durante el tratamiento de la Ley Bases
El Poder Ejecutivo nacional envió al Senado el pliego para solicitar el acuerdo legislativo que permita designar a la exsenadora neuquina Lucila Crexell como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Argentina. El pedido fue formalizado a través de un mensaje presidencial firmado por el presidente Javier Milei el pasado 12 de marzo.
La propuesta, identificada como MEN-2026-19-APN-PTE, incluye los antecedentes de la exlegisladora y la documentación requerida para este tipo de nombramientos. Sin embargo, el documento no especifica cuál sería el destino diplomático de Crexell, un detalle que habitualmente se incluye en este tipo de designaciones.
La presentación del pliego volvió a poner en discusión un episodio político que generó fuerte debate en 2024, durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado de la Nación.
En ese momento, Crexell —que aún ocupaba su banca en la Cámara alta— quedó en el centro de cuestionamientos luego de que trascendiera la posibilidad de que fuera designada en la representación argentina ante la UNESCO, con sede en París. La difusión de esa posible designación coincidió con la votación clave del proyecto impulsado por el gobierno de Milei.
Esa coincidencia alimentó versiones dentro del ámbito político que sugerían que el ofrecimiento del cargo diplomático podría haber estado vinculado al apoyo legislativo necesario para aprobar la iniciativa oficialista.
Algunos dirigentes oficialistas reconocieron en ese momento que existían negociaciones políticas para reunir los votos necesarios en el Senado. Entre ellos, el entonces diputado Oscar Zago, quien sostuvo públicamente que este tipo de acuerdos formaban parte de los consensos habituales dentro del proceso legislativo.
Las versiones generaron críticas desde distintos sectores de la oposición, que interpretaron la situación como un posible intercambio de favores políticos. A raíz de ello se presentaron denuncias judiciales que quedaron bajo análisis en la Justicia federal.
Crexell rechazó en reiteradas oportunidades esas acusaciones y sostuvo que cualquier propuesta vinculada a una representación diplomática respondía a su trayectoria política y a su experiencia institucional. La exsenadora, que representó al Movimiento Popular Neuquino, integró durante su mandato en la Cámara alta comisiones vinculadas a relaciones exteriores y asuntos constitucionales.
El nuevo pliego enviado por el Ejecutivo vuelve a instalar el tema en la agenda política, aunque esta vez sin precisar el destino diplomático al que podría ser designada la exlegisladora.
De acuerdo con la normativa vigente, el Poder Ejecutivo puede designar embajadores extraordinarios y plenipotenciarios que no pertenezcan a la carrera diplomática cuando considere que reúnen condiciones relevantes para la función. En todos los casos, la designación requiere el acuerdo previo del Senado de la Nación.
Ahora será la Cámara alta la que deberá analizar el pliego remitido por el Gobierno y decidir si otorga o no el aval necesario para concretar la designación. Mientras tanto, el antecedente del debate político que se generó durante la discusión de la Ley Bases vuelve a aparecer en el centro de la escena.