12 de marzo de 2026
SAN MARTIN DE LOS ANDES
Archivaron la denuncia por el cobro del estacionamiento medido vía mercado pago
La investigación se inició tras una denuncia del contralor municipal por el uso de una cuenta de la billetera virtual para cobrar el estacionamiento. La fiscalía concluyó que los más de $91 millones recaudados ingresaron a las arcas del municipio sin irregularidades
El fiscal jefe de San Martín de los Andes, Gastón Ávila, resolvió archivar la investigación que analizaba el uso de una billetera virtual para el cobro del estacionamiento medido en la ciudad, al determinar que no existieron irregularidades ni desvíos de fondos.
La causa se había iniciado tras una denuncia presentada por el contralor municipal Jorge Alberto Fernández, quien cuestionó la creación de una cuenta en Mercado Pago a nombre de la Municipalidad de San Martín de los Andes para gestionar los pagos del sistema de estacionamiento medido.
Según el planteo inicial, esa cuenta operaba por fuera de los circuitos formales de tesorería y contabilidad del municipio, por lo que el contralor mencionó la posible comisión de delitos como administración fraudulenta, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Ante la denuncia, la fiscalía abrió una investigación para determinar si existía algún delito. Entre las medidas dispuestas se solicitó información al área legal de Mercado Pago, se entrevistó a funcionarios municipales y se requirió documentación oficial a la comuna.
De acuerdo con los datos reunidos durante la investigación, la cuenta registró cerca de 50.000 operaciones en un período de dos años y tres meses, desde su apertura en junio de 2024.
Durante ese tiempo se realizaron dos transferencias hacia la cuenta oficial del municipio en el Banco Provincia del Neuquén: una en diciembre de 2025 por $78.811.842,67 y otra en enero de 2026 por $12.724.672,01. En total, los movimientos alcanzaron los $91.536.514,68. Al momento de responder el requerimiento judicial, el saldo restante en la cuenta era de $25.135.014,50.
En el marco de la investigación, el fiscal entrevistó a la contadora municipal, a la tesorera y al entonces secretario de Economía y Hacienda. También solicitó información a la intendencia, lo que permitió confirmar que la apertura de la cuenta no fue una decisión informal.
Según se determinó, el uso de plataformas de pago electrónico había sido autorizado por el intendente mediante el Decreto 386/24, que habilitaba el cobro del estacionamiento medido a través de medios digitales.
Tras analizar toda la documentación y los testimonios, Ávila concluyó que no existió desvío de fondos ni beneficio para funcionarios. “Ni un solo centavo ha sido desviado de las arcas del municipio hacia terceros o en provecho de algún funcionario”, sostuvo el fiscal al fundamentar su decisión.
El dictamen también descartó la existencia de peculado o malversación de fondos, al considerar que el dinero recaudado siempre permaneció dentro de la órbita administrativa del municipio.
Respecto al planteo del contralor sobre un posible perjuicio económico por no haber invertido esos fondos para generar intereses, la fiscalía indicó que esa decisión no configura una maniobra defraudatoria.
En ese sentido, Ávila explicó que en la administración pública rige un criterio de prudencia financiera, donde se prioriza la preservación del capital y la disponibilidad inmediata de los recursos por sobre la obtención de rentabilidad.
Finalmente, el fiscal aclaró que el archivo de la causa no implica que la denuncia haya sido infundada, sino que las hipótesis planteadas fueron analizadas y descartadas durante el proceso de investigación.