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Nueva ley laboral: indemnizaciones, vacaciones, huelga y convenios, todo lo que cambia
El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 137/2026 que promulga la Ley 27.802: tope a las indemnizaciones, pago de despidos en cuotas, huelga limitada en sectores clave y convenios colectivos debilitados. La norma ya rige y los sindicatos preparan la respuesta.
El Gobierno nacional promulgó este viernes la Ley N° 27.802 de "modernización laboral" mediante el Decreto 137/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. La norma, aprobada por el Congreso el 27 de febrero, entró en vigencia de inmediato en el ámbito privado y representa la reforma más profunda al derecho laboral argentino en décadas.
El Gobierno justifica el paquete de cambios como una herramienta para estimular inversiones, desactivar la "industria del juicio" y reducir el empleo informal, que según el INDEC alcanzó al 49% de los trabajadores en el segundo trimestre de 2025. Entre las modificaciones centrales se destacan cambios en el sistema de indemnizaciones, flexibilización de contrataciones, nuevas reglas sobre salarios y vacaciones, y un recorte directo al poder sindical.
En materia salarial, la ley habilita el pago optativo en moneda extranjera e incorpora la "negociación dinámica", que permite acordar bonos, premios y compensaciones por fuera del convenio colectivo. También introduce un banco de horas para acumular horas extra y compensarlas con días libres, y habilita el fraccionamiento de vacaciones en períodos mínimos de siete días, manteniendo la obligación de garantizar al menos un período estival cada tres años.
Respecto a las indemnizaciones, la reforma fija un tope equivalente a tres veces el salario promedio del convenio colectivo correspondiente, con un piso del 67% de la remuneración habitual. Además, las grandes empresas podrán abonar sentencias por despido en hasta seis cuotas mensuales, mientras que las pymes contarán con hasta doce. Se crean también los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), financiados con el 1% de las contribuciones patronales para grandes empresas y el 2,5% para pymes.
La reforma golpea de lleno a los sindicatos: elimina la ultraactividad —la prórroga automática de convenios vencidos, algunos sin actualización desde 1975— y otorga prioridad a los acuerdos de empresa o regionales por sobre los convenios de rama. La cuota solidaria sindical se mantiene, pero con un tope del 2% del salario mensual. Además, restringe el derecho a huelga en servicios esenciales, donde deberá garantizarse el 75% del personal en actividad, y en servicios "trascendentales" —transporte, construcción, minería, alimenticia, entre otros— el piso es del 50%.
Para incentivar la registración laboral, la ley contempla la condonación de hasta el 70% de deudas por aportes para quienes blanqueen trabajadores, y crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que reduce las contribuciones patronales al 8% anual con beneficios adicionales para quienes contraten personal no registrado antes del 10 de diciembre de 2025. Los gremios y la oposición ya anticipan que la medida será resistida en las calles y en la Justicia.