Advierten sobre la “profunda crisis” de los servicios públicos esenciales
En un comunicado, desde el Movimiento Para la Integración Patagónica pusieron el foco en los aumentos del precio de la energía y las quitas de subsidios de los últimos años impactaron, y en la responsabilidad de CAMMESA
El Movimiento Para la Integración Patagónica advirtió sobre la “profunda crisis” en la que se encuentran los denominados “servicios públicos esenciales”, producto de los aumentos del precio de la energía y las quitas de subsidios de los últimos años, sumado a la falta de una respuesta adecuada por parte de las distintas gestiones provinciales y municipales.
En un extenso comunicado difundido hoy por la agrupación, señalaron que “esta no es simplemente la crisis de una o algunas cooperativas, en función de problemas internos de su gestión” sino que “es una situación compleja, que se manifiesta en todas las formas de prestación existentes en la provincia, y asimismo en las municipalidades como poderes concedentes, cuyas causas se encuentran en la trama organizacional del sistema energético nacional” donde “las cooperativas son simplemente el último eslabón de esa ‘cadena’” y las “cajas de resonancia de la problemática acumulada”.
Hace especial hincapié en la responsabilidad de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), que “no es un ente aislado, está integrada por los actores del sistema eléctrico”, al igual que los generadores de energía eléctrica (AGEERA), los transportistas (ATEERA), los distribuidores (ADEERA), los grandes usuarios (AGUERA) y el Estado Nacional.
Agrega que “la particularidad de la CAMMESA es que no tiene fin de lucro propio, sino que su objetivo es, o al menos dice ser, el funcionamiento ordenado y armónico de las relaciones técnicas y económicas al interior del mercado eléctrico mayorista para su correcto funcionamiento”.
Seguidamente, señalan que “los aumentos del precio de la energía y las quitas de subsidios de los últimos años, a partir del gobierno de Javier Milei, expresan claramente la transferencia de ingresos desde los usuarios a los generadores con el pretexto de reducir el déficit fiscal, en el marco de un sistema tarifario que no expresa el costo real de generación sino la vocación de rentabilidad de las empresas que controlan la generación energética nacional”.
Advierten que “en Chubut esa complejidad es aún mayor, ya que en nuestro territorio conviven dos sistemas, el interconectado (asociado al sistema CAMMESA) y el aislado, administrado por una red de relaciones entre las cooperativas distribuidoras y el Estado Provincial”.
“En ese contexto nacional, las cooperativas interconectadas, sufren la mirada centralista de la CAMMESA y participan marginalmente en la discusión de los intereses del segmento distribución, concentrado por las grandes prestadoras de servicios, EDENOR y EDESUR, lo que genera un vínculo asimétrico y perjudicial con relación a las grandes distribuidoras y las generadoras”, sigue el documento.
“Esto, sumado a la política de un gobierno nacional decidido a realizar una injusta transferencia de ingresos de los sectores medios y populares a los sectores ricos y concentrados de la sociedad argentina, en la cual, el sector eléctrico no es la excepción”, advierten.
En otra parte del discurso, se ocupan de desmontar un argumento que apunta a responsabilizar a los trabajadores y al convenio colectivo de los trabajadores de Luz y Fuerza del desfase. “Debemos decir que una falsedad sostenida en el tiempo NO constituye una verdad”, remarcaron, y advirtieron que ese argumento se está usando en la Cooperativa de Trelew “para terminar con el sistema cooperativo y avanzar en la privatización definitiva” del sistema, que pertenece como empresa a todos sus asociados y no a un grupo empresario.
Más adelante, señalan que “la decisión de designar como interventor a un representante del principal acreedor de la empresa cooperativa derivó en la firma de un acuerdo de pago absolutamente lesivo para ésta que debería ser desautorizado por el juez interviniente por ilegítimo y perjudicial para la empresa intervenida”.
Advierten que “la intervención promovida por el gobierno de la provincia del Chubut con el apoyo del poder concedente municipal de Trelew, sólo ha servido para garantizar la consolidación de una acreencia de discutible legitimidad, en función de los intereses agregados al capital inicial”.
Agregan que agrava esta situación “el silencio e inacción de la Empresa Provincial de Energía” y advierten que “sin una política de Servicios Públicos definida, articulada con un proyecto electro energético claro basado en los variados recursos para la generación que nuestra provincia posee, la intervención de la cooperativas de distribución basada en un diagnóstico incorrecto y en la estigmatización de los trabajadores del sector es sólo un intento de disimular la ausencia de un plan de gobierno que garantice a la comunidad el acceso a Servicios Públicos Esenciales en condiciones de continuidad (prestación ininterrumpida), generalidad (acceso para todos), igualdad (trato no
discriminatorio), en orden al Interés General (su fin es el bienestar social y la satisfacción de
necesidades públicas, no la búsqueda de lucro) con tarifas accesibles”