4 de marzo de 2026
NEUQUEN
Imputaron a dos exministros de Gutiérrez por el presunto fraude a la cooperativa Viento Sur
El Ministerio Público Fiscal incorporó a los exministros Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino a la causa que investiga el uso de fondos del programa de capacitaciones creado por decreto en 2022. El perjuicio al Estado fue estimado en $1.208.657.600 a valores históricos
La investigación judicial por el presunto desvío de fondos públicos destinados a capacitaciones para organizaciones sociales sumó esta semana un capítulo clave. El Ministerio Público Fiscal amplió la formulación de cargos e imputó a los exministros de Desarrollo Social Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino, al considerar que autorizaron pagos sin verificar los requisitos establecidos por la normativa vigente.
La acusación fue presentada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, junto a la fiscal del caso Rocío Rivero, los asistentes letrados Facundo Bernat y Agustina Jara. La Fiscalía de Estado adhirió a la formulación y acompañó los pedidos del MPF. La audiencia fue presidida por el juez Raúl Aufranc.
La causa ya tenía imputados a seis integrantes de la cooperativa Viento Sur y a otros referentes sociales por el uso indebido de aportes no reintegrables entregados en el marco del “Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, creado por el Decreto 1672/2022 durante la gestión del entonces gobernador Omar Gutiérrez.
Según la fiscalía, el programa establecía controles previos obligatorios antes de cada desembolso: verificación de la regularidad institucional, certificación de autoridades, plan de acción, padrón verificable de beneficiarios y acreditación de capacitaciones efectivamente realizadas. Sin embargo, la hipótesis acusatoria sostiene que los pagos comenzaron el 18 de julio de 2022 —un mes antes de la firma formal del decreto— y se extendieron hasta diciembre de 2023, pese a que las rendiciones eran incompletas o inconsistentes.
El monto del perjuicio fue recalculado en $1.208.657.600 a valores históricos, luego de que inicialmente se estimara en más de 1.300 millones. La fiscalía sostuvo que se trató de una maniobra continuada en el tiempo, ejecutada entre julio de 2022 y diciembre de 2023, que configuró un esquema de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el caso de Di Luca —quien ya cuenta con una condena no firme a cinco años de prisión en la causa por los planes sociales— la acusación le atribuye haber intervenido en la creación del programa y autorizado transferencias a la cooperativa Viento Sur mediante decretos y resoluciones firmadas entre agosto y octubre de 2022. También se le imputa un pago adicional sin respaldo administrativo suficiente.
Chapino, que asumió como ministro tras la salida de Di Luca y permaneció en el cargo hasta diciembre de 2023, es señalado por haber continuado la operatoria y firmado nuevas adendas que ampliaron los montos transferidos.
La fiscalía remarcó que la Contaduría General de la Provincia emitió dictámenes desfavorables en distintos períodos, advirtiendo irregularidades en las rendiciones. No obstante, los desembolsos habrían continuado. Para el MPF, la actuación coordinada entre funcionarios y particulares frustró la finalidad social del programa y consolidó un perjuicio millonario al erario provincial.
La defensa de los exministros planteó que el decreto que creó el programa fue firmado por el entonces gobernador y que los ministros actuaron en el marco de sus funciones al refrendarlo. También cuestionaron la extensión de la imputación y sostuvieron que el contexto de conflictividad social —con protestas y cortes en la ciudad capital durante 2021 y 2022— es un elemento central para comprender la génesis de la política pública.
El expediente se inscribe en un escenario político sensible para la provincia, ya que el esquema investigado surgió tras negociaciones con organizaciones sociales en medio de reiteradas manifestaciones en el centro neuquino. La investigación busca determinar si las capacitaciones financiadas efectivamente se realizaron o si el programa fue utilizado como mecanismo para canalizar fondos sin control suficiente.
A pedido de la fiscalía, el magistrado dispuso la inhibición general de bienes respecto de los dos nuevos imputados, medida que ya regía para el resto de los acusados. El plazo de investigación vence el próximo 8 de abril.