1 de marzo de 2026
AMBIENTICIDIO
Ley de Glaciares: hipotecando el futuro sin bases científicas
La polémica reforma de la Ley de Glaciares obtuvo media sanción en el Senado, por lo que será girada a la Cámara Baja para discutir su aprobación. El peligro de perseguir inversiones sin considerar la perspectiva científica.
Un informe elaborado por la "Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas" destaca que el 36% de la superficie continental argentina está cubierta por cuencas que se nutren de aportes de glaciares a través de las vastas redes de drenaje, abarcando 20 provincias y una población de más de 7,5 millones de habitantes, resaltando su importancia como proveedores de agua para el sostenimiento de la biodiversidad, consumo humano y el desarrollo productivo.
También afirma que los glaciares y el ambiente periglaciar cumplen un rol estratégico para la conservación de la biodiversidad de la Argentina y para el funcionamiento de sus ecosistemas, por lo que su protección permite fortalecer la resiliencia de los sistemas naturales y productivos del país.
Estos cuerpos están protegidos por la Ley de Glaciares, vigente desde 2010, la cual fue uno de los puntos del paquete reformista impulsado por el oficialismo nacional, el cual también incluyó la reforma laboral y la baja del régimen de imputabilidad.
La iniciativa que obtuvo media sanción en el Senado -y que, para obtener carácter de ley, deberá ser probada en Diputados- propone modificaciones que no estuvieron exentas de polémicas. Bajo la excusa de "ordenar el marco normativo para plantear un federalismo ambiental", se plantean varios cambios regresivos a la legislación actual.
En primer lugar se transforma el principio de protección integral por uno centrado en la "función hídrica" de los glaciares, esta modificación podría restringir el concepto de protección al rol de proveedor de agua, dejando en segundo plano otras funciones ambientales como la regulación climática o el sostén de la biodiversidad.
La ley actual ordena individualizar “todos los glaciares y geoformas periglaciares”. El proyecto reemplaza esa redacción por una que limita el inventario a aquellos que cumplan funciones de reserva estratégica de agua o recarga de cuencas. El régimen de protección general pasaría a estar focalizado en la relevancia hídrica. En ese sentido, si la autoridad ambiental determina que un glaciar no cumple funciones hídricas específicas, quedaría fuera del régimen de protección.
La reforma faculta a las autoridades locales a identificar qué glaciares cumplen funciones hídricas y a informar su inclusión o exclusión del inventario nacional. Esto debilita el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que hoy tiene a su cargo el inventario integral y el monitoreo científico.
El proyecto que obtuvo media sanción mantiene a la minería, a la explotación hidrocarburífera y a la instalación de industrias en glaciares y zonas periglaciares como actividades potencialmente dañinas, pero introduce un cambio decisivo: serán las autoridades provinciales las que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si una actividad altera “de modo relevante” la condición natural del glaciar. El sistema de prohibición absoluta se cambia por uno que evalúa caso a caso.
Aunque la reforma no modifica los artículos sobre sanciones, autoridad de aplicación o funciones del Estado nacional, el nuevo esquema altera el carácter de “presupuestos mínimos” de la ley ambiental nacional. Según el artículo 41 de la Constitución, la Nación debe dictar normas que contengan presupuestos mínimos de protección, los cuales no pueden ser alterados por las provincias. Ahora, en nombre del federalismo, las provincias van a ser las que determinen que se considera un glaciar y si se pueden realizar actividades extractivas.
Queda en evidencia la falta de valor científico en las definiciones que impulsa el proyecto de reforma, el cual, valiéndose de categorías netamente políticas, persiguen futuros beneficios económicos sin considerar ni por un momento el impacto ambiental que podrían traer actividades industriales en zonas glaciares.
También, uno de los puntos de discusión es que, de la mano del desfinanciamiento al sistema científico nacional, organismos como el IANIGLA, quienes monitorean los glaciares existentes, no contarán con los recursos para dar a conocer los estados de los glaciares. Esa falta de información fehaciente, haría posible que se impulsen proyectos industriales en regiones glaciares sin evaluar su vialidad ambiental actual.
No es novedad que el gobierno busca reactivar la economía. Con pocas cargas en el desfibrilador, el tiempo apremia para atraer inversiones millonarias a las arcas nacionales. Pero hay que tener cuidado, la ignorancia declarada de buscar modificaciones sin considerar bases científicas puede cambiar el panorama ambiental del país en un futuro no tan lejano.