28 de febrero de 2026
NEUQUEN
Cómo serán los exámenes toxicológicos que realizará Neuquén a sus funcionarios
Por sorteo, se realizará un test a través de una muestra de orina para evaluar la presencia de determinadas sustancias. El costo del test será asumido por la persona evaluada. Quien se niegue a realizarlo recibirá una sanción
El decreto 234 y la ley 3531 del gobernador Rolando Figueroa establecen la obligatoriedad de realizar controles toxicológicos a funcionarios. La norma, que comenzará a aplicarse este año, tiene al Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN) como ejecutor de los procedimientos, que serán un requisito obligatorio para la continuidad en sus cargos.
El procedimiento será por sorteo y alcanza al gobernador y su gabinete, directivos de organismos autárquicos, el fiscal de Estado y la asesora General de Gobierno. Negarse a realizarse el test equivale a un resultado positivo y tiene como consecuencia una sanción.
El gobierno provincial enviará al IJAN el listado de las personas alcanzadas por la ley 3531. A partir de esa base se harán los sorteos trimestrales los meses de enero, abril, julio y octubre. En cada oportunidad se seleccionará una cantidad de personas equivalente al 12,5% del universo de sujetos alcanzados. Quienes hayan salido en un sorteo no se incluirán en el siguiente. Al cabo de dos años el proceso se iniciará nuevamente con la totalidad del listado.
El IJAN tiene 24 horas para comunicar al ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación, la nómina de testeados de ese mes. La muestra se tomará en los laboratorios y centros médicos autorizados, por fuera de la capital, serían los hospitales cabecera.
Las sustancias que se buscan en estos “narcotest” sorpresivos son: metabolitos de opioides, de cannabinoides, de cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, MDMA y MDA, benzodiacepinas y barbitúricos. El ministerio puede actualizar la lista. Este examen, que se realiza tomando una muestra de orina, no mide el consumo de alcohol.
En caso de dar positivo el test y estar tomando alguna medicación recetada por un profesional, el funcionario cuenta con 48 horas para presentar la documentación desde que fue tomada la muestra. Asimismo, en el caso de que el examen dé positivo, la persona puede realizar un segundo test dentro de las 24 horas en un laboratorio distinto, asumiendo los costos del procedimiento.
Un aspecto polémico de la norma es que el costo del examen está a cargo de la persona testeada y se descuenta de sus haberes. El dinero deberá ser transferido a la cuenta de recupero financiero de los servicios de salud.
Para que esta reglamentación, que alcanza a funcionarios del Ejecutivo provincial, sea aplicada también en el ámbito del Poder Legislativo, la presidenta del cuerpo, Zulma Reina, tiene que definir si adhiere o crea un mecanismo propio. Lo mismo para el Consejo de la Magistratura y los intendentes que aprobaron ordenanzas similares.
Esta semana se conoció el reclamo de un concejal de Centenario que solicitaba incluir el análisis de consumo de alcohol en funcionarios y concejales, tras afirmar que el año pasado llegaban con “aliento etílico” a las reuniones de comisión.
En cuanto al Poder Judicial, deberá ser testeado el Tribunal Superior de Justicia, jueces, fiscales y defensores de todas las jerarquías y fueros. El presidente, Gustavo Mazieres, dictó ayer un decreto en el que le encomendó al Departamento de Salud Ocupacional delinear un protocolo para la implementación de los exámenes, en el que se incluyan los sorteos.