23 de febrero de 2026
PLOTTIER
Bertolini pidió recusar al fiscal que lo investiga por irregularidades en su gestión
Los abogados Javier Muñoz y Maximiliano Gómez acusaron al fiscal jefe, Pablo Vignaroli, de ventilar información de la investigación preliminar contra el intendente, por presuntas irregularidades, “vulnerando el deber de reserva y el principio de inocencia”
Los abogados que defienden al intendente de Plottier, Luis Bertolini, presentaron hoy una planteo en el que solicitaron recusar al fiscal jefe, Pablo Vignaroli, en el contexto de la investigación que se inició contra el jefe comunal por presuntas irregularidades en su gestión al frente del municipio.
Los letrados Javier Muñoz y Maximiliano Gómez responsabilizan al funcionario judicial de llevar adelante “una sistemática litigación mediática” contra su defendido y sostienen que el jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos evidenció una “manifiesta pérdida de objetividad y prejuzgamiento público”, al exponer “detalles precisos, sesgados y anticipados sobre la presenta investigación, vulnerando el deber de reserva y el principio de inocencia de nuestro defendido”.
Según publica el diario Río Negro, la presentación se hizo esta mañana en la sede del Ministerio Público e incluyó una solicitud para que se cede de inmediato con “las filtraciones a la prensa vinculadas a evidencias de esta investigación preliminar”.
Para la defensa del intendente Bertolini, el fiscal “adelantó públicamente calificaciones legales” y dio por sentada la existencia de delitos antes de formular cargos, acusación que respaldaron con citas de Vignaroli en el diario mencionado y en otros medios de la región.
La investigación contra el jefe comunal se inició por una denuncia radicada a mediados de enero, que acusó a la gestión de Bertolini de eximir del pago de tasas municipales a un barrio privado de la ciudad de Plottier y realizar contrataciones directas a una empresa con vínculos familiares en el Ejecutivo local.
Días después de esa presentación, la fiscalía solicitó una serie de allanamientos en distintos domicilios de la localidad, incluido el intendente. Según habían adelantado fuentes judiciales, la investigación cuadraba con los supuestos delitos de negociación incompatible y fraude a la administración pública, además de incumplimiento a los deberes de funcionario público.
Después de los procedimientos, Bertolini brindó una conferencia de prensa donde aseguró que no pensaba renunciar a su cargo y que los procedimientos, según observaba, buscaban amedrentarlo.
Al plantear la recusación, sus abogados aseguraron que la conducta del fiscal resultó “inadmisible”. Señalaron que en distintas declaraciones a los medios, habló de la “existencia de sobreprecios” y reveló “detalles de entrevistas testimoniales”, imponiendo “una condena social anticipada”.
En esa línea, consideraron que la actitud del Ministerio Público Fiscal violenta garantías fundamentales, como el principio de inocencia, el deber de objetividad y el deber de reserva.
Los abogados plantearon finalmente la elevación de las actuaciones al fiscal general de Neuquén, José Gerez, para que tome conocimiento, promueva una resolución y ordene “el inmediato cese de las filtraciones de información y declaraciones públicas a la prensa vinculadas a evidencias, testimoniales y especulaciones sobre la presente investigación”.
Cómo es la investigación
Según se informó oficialmente, el expediente analiza dos ejes principales: por un lado, un decreto firmado por el intendente que habría otorgado exenciones impositivas a un grupo de contribuyentes sin la intervención del Concejo Deliberante, y por otro, contrataciones de obras públicas que podrían configurar un conflicto de intereses.
En relación con el primer punto, la fiscalía investiga si el Ejecutivo municipal se excedió en sus atribuciones al disponer beneficios tributarios que, de acuerdo con la Carta Orgánica local, corresponderían exclusivamente al cuerpo legislativo. Además, se analiza si la aplicación de esas exenciones fue desigual entre contribuyentes que se encontraban en situaciones similares.
El segundo tramo de la investigación apunta a la relación entre el municipio y una empresa contratista, en la que uno de los socios tendría un vínculo familiar directo con una funcionaria del área de Hacienda. Los fiscales buscan determinar si existió una maniobra para eludir incompatibilidades legales mediante la forma en que se instrumentaron los contratos y la facturación.