18 de febrero de 2026
CHUBUT
Planteo de incompetencia frena causa por presunta corrupción tras intoxicación en escuela de El Maitén
La defensa de un exfuncionario pidió que intervenga la Justicia Federal por tratarse de fondos nacionales. La jueza Karina Breckle suspendió la audiencia y dio 20 días al Ministerio Público Fiscal para que responda
La causa penal que investiga presuntas irregularidades en la contratación de obras de reparación de escuelas en Chubut sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando la audiencia preliminar debió suspenderse tras un planteo de incompetencia formulado por una de las defensas.
El expediente se originó a partir de la falla en el sistema de calefacción de la Escuela 93 de El Maitén, en El Maitén, que derivó en una intoxicación por monóxido de carbono y puso en riesgo a estudiantes y docentes. A partir de ese hecho, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública avanzó en una investigación por un presunto direccionamiento de obras en establecimientos educativos de la zona cordillerana.
Durante la audiencia realizada en Rawson, el abogado Romano Cominetti, defensor del exfuncionario Maximiliano García, sostuvo que la Justicia provincial no debería intervenir en el caso, ya que los fondos utilizados para las obras fueron girados por el Estado nacional. En ese marco, planteó que corresponde la intervención de la Justicia Federal.
La jueza de garantías Karina Breckle resolvió otorgar un plazo de 20 días hábiles al fiscal Omar Rodríguez para que analice y responda al planteo de “incompetencia parcial”. La magistrada calificó el pedido como “sorpresivo”, al señalar que la causa fue abierta hace aproximadamente dos años y el cuestionamiento jurisdiccional no había sido formulado con anterioridad.
En paralelo, quedó fuera del proceso como querellante el titular de la Oficina Anticorrupción de la Provincia, Diego Carmona, quien no se presentó a la audiencia pese a haber sido notificado con antelación. Desde el tribunal se indicó que no se recibió justificación sobre su ausencia.
La investigación alcanza a dos empresarios de la construcción —Juan Manuel Cottet y Osvaldo Ponce de León— y a siete exfuncionarios de los ministerios de Educación e Infraestructura. Entre ellos figuran Antonio Chacón, Gustavo Campos, Gustavo Barauna, Mónica Martínez Carpio, Claudio Márquez, Rocío Preciado y el propio García, algunos de los cuales ya no forman parte del Estado provincial.
A los imputados se les atribuyen los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El perjuicio económico estimado ronda los 20 millones de pesos.
Según la hipótesis fiscal presentada al inicio del proceso, se habría implementado un mecanismo para simular compulsas de precios que aparentaban legalidad, pero que en realidad encubrían acuerdos previos para definir a qué contratista se adjudicarían las obras.