A más de un año del crimen de Kim Gómez, comenzó en La Plata el juicio oral contra uno de los acusados por el hecho que conmocionó a la comunidad y tuvo una fuerte repercusión nacional.
El proceso se centra en el joven que tenía 17 años al momento del episodio y que llega a debate bajo el régimen penal juvenil.
Las audiencias se desarrollan en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, con modalidad reservada y sin acceso público, tal como marca la ley para causas que involucran imputados menores de edad al momento del delito.
Durante las jornadas previstas declararán testigos presenciales, peritos forenses, investigadores y personal policial que intervino en la reconstrucción de lo ocurrido.
El caso se remonta a febrero de 2025, cuando dos adolescentes robaron un vehículo en el que la niña se encontraba junto a su madre. En medio de la fuga, la menor quedó sujeta al auto y fue arrastrada durante varias cuadras hasta que el vehículo terminó su recorrido tras un choque. Las heridas sufridas resultaron fatales. La secuencia generó una profunda conmoción social y múltiples movilizaciones vecinales en reclamo de justicia y mayor seguridad.
Según la acusación, el imputado que hoy enfrenta el juicio habría participado directamente en el robo y la posterior huida. La fiscalía sostiene la calificación de homicidio en ocasión de robo, una figura penal que contempla penas severas, aunque en este caso se encuentra atravesada por los límites que fija el régimen juvenil. La defensa, en tanto, buscará atenuar la responsabilidad y cuestionar aspectos de la mecánica del hecho y de la prueba reunida.
El segundo involucrado tenía 14 años cuando ocurrió el crimen. Por su edad fue declarado inimputable y quedó bajo medidas de seguridad y resguardo dispuestas por el sistema de niñez, sin posibilidad de recibir una condena penal como la de un adulto. Esa situación fue uno de los puntos que más debate público generó tras el episodio.
Familiares de la víctima siguen de cerca el desarrollo del juicio y reiteraron su pedido de condena. El veredicto, que se conocería tras varias audiencias, será clave para cerrar una de las causas más impactantes de los últimos años en la región y volverá a poner en discusión el alcance de las leyes penales para menores.