9 de febrero de 2026
CINCO SALTOS
Rossi negó irregularidades en el municipio y habló de un trasfondo político
Tras el operativo judicial en la Municipalidad, el intendente aseguró que no hubo perjuicio económico para el Estado, confirmó que colaboró con la Justicia y cuestionó el “uso político” de la denuncia impulsada desde el Tribunal de Cuentas
El intendente de Cinco Saltos, Enrique Rossi, salió públicamente a dar explicaciones luego del allanamiento realizado en el edificio municipal en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones y pagos millonarios. A través de sus redes sociales, buscó llevar tranquilidad a la comunidad y negó de manera tajante cualquier maniobra ilegal.
El procedimiento fue ordenado por el Ministerio Público Fiscal a partir de una denuncia presentada por dos vocales del Tribunal de Cuentas. Durante el allanamiento, se secuestró documentación y dispositivos electrónicos que serán analizados por la Justicia.
“Hoy tuvimos un allanamiento en el municipio. La Justicia vino a pedir información sobre contrataciones realizadas hace dos o tres meses y estoy acá para poner la cara”, expresó Rossi. Según indicó, el Ejecutivo local entregó todo lo requerido y quedó a total disposición de la investigación.
El jefe comunal remarcó que, hasta el momento, no se produjo ningún daño al erario público. “No se le generó ningún perjuicio al Estado”, afirmó, y sostuvo que su intervención pública tuvo como objetivo principal llevar calma a los vecinos y vecinas de la ciudad.
En ese contexto, Rossi cuestionó las lecturas políticas que surgieron tras el operativo. Advirtió que hay sectores que buscan sacar rédito del caso antes de que exista una definición judicial y pidió no “hacer leña del árbol caído” mientras la causa está en etapa de investigación.
Como medida interna, el intendente confirmó que le pidió la renuncia al secretario de Hacienda y Gobierno, quien quedó apartado de su cargo hasta que se esclarezca la situación. “Quiero dejar claro que nunca me quedé con un peso del municipio”, enfatizó.
La causa se originó a fines de diciembre, cuando vocales del Tribunal de Cuentas solicitaron investigar una operatoria con un proveedor municipal. En la denuncia se mencionan pagos observados por más de $98 millones, de los cuales algo más de $39 millones ya habrían sido abonados.
La investigación apunta a posibles delitos como malversación de fondos públicos, abuso de autoridad, peculado, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También se analizan presuntas contrataciones directas por encima de los montos permitidos y la falta de respaldo documental en algunas operaciones.
Mientras avanza el análisis del material secuestrado, desde el municipio insisten en que se trató de un procedimiento habitual dentro de una investigación preliminar y reiteran que colaborarán con la Justicia hasta el esclarecimiento total de los hechos.