29 de enero de 2026
BARILOCHE
El municipio aumentó el costo del transporte público y estalló la polémica
Este incremento del boleto se da, además, en un escenario complejo para el sistema de sistema de colectivos urbanos debido a la quita de aportes nacionales y provinciales para amenizar el golpe al bolsillo de los usuarios
El intendente de Bariloche, Walter Cortés, autorizó un nuevo aumento en el boleto del transporte urbano de pasajeros que comenzará a aplicarse en los próximos días, una vez que se completen los trámites administrativos ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
La suba fue dispuesta mediante una resolución firmada esta semana y alcanza a los usuarios del servicio que presta la empresa Transporte Amancay SRL, conocida comercialmente como Mi Bus, tanto residentes como turistas.
Desde el Ejecutivo municipal indicaron que, si bien la resolución fija la vigencia del aumento a partir del 26 de enero, su implementación efectiva se dará una vez cumplimentados los pasos administrativos ante la CNRT, por lo que los nuevos valores comenzarían a regir durante el fin de semana o a partir de la próxima semana.
Con la actualización tarifaria, el boleto mínimo para los no residentes pasará a costar $2.045,71, lo que implica un incremento cercano al 8%. En el caso de los residentes, el valor será de $1.534,28, con un aumento aproximado del 3,5%, gracias a la continuidad del subsidio municipal del 25%.
El incremento autorizado se encuentra en línea con el pedido realizado por la empresa prestataria en noviembre pasado, aunque desde el Municipio señalaron que los valores aprobados se ubican por debajo de la inflación acumulada desde el último ajuste, aplicado en mayo de 2025.
Sin embargo, autorización del aumento quedó envuelta en cuestionamientos por parte de la Defensoría del Pueblo de Bariloche, que había emitido una resolución de recomendación solicitando la nulidad de la audiencia pública obligatoria realizada el 17 de diciembre pasado.
Desde el organismo se advirtió que durante esa audiencia se registraron graves irregularidades e incumplimientos normativos que vulneraron el procedimiento administrativo previsto en la ordenanza vigente y en la resolución municipal que convocó al encuentro.
Entre las observaciones realizadas, se señaló la falta de autoridades formales para conducir el acto, la ausencia de funcionarios municipales con competencia directa, deficiencias en el registro audiovisual y dificultades para la inscripción de vecinos y vecinas que quisieran participar como oradores.
También se mencionaron desorden en el uso de la palabra, interrupciones constantes, incumplimientos en el mecanismo de preguntas del público y el retiro anticipado del representante de la empresa concesionaria, sin responder la totalidad de las consultas.
Estas situaciones, según la Defensoría del Pueblo, afectan la validez del procedimiento al no garantizar las condiciones mínimas de transparencia, legalidad y participación ciudadana que deben regir una audiencia pública obligatoria.
Las críticas también se trasladaron al ámbito político. Desde el Concejo Deliberante, se cuestionó que la Comisión de Seguimiento del Transporte se haya reunido sin la presencia de representantes de la empresa ni del gremio UTA, lo que impidió analizar en profundidad el reclamo presentado por la Defensoría.
Además, se advirtió que mientras se solicitaba información que no había sido aportada durante la audiencia pública, el Ejecutivo municipal avanzó con la firma de la resolución que autoriza el aumento del boleto, sin que se resolvieran los cuestionamientos planteados.