La ampliación del Tribunal Superior de Justicia derivó en una disputa de poder inédita, con vocales suspendidos, autoridades enfrentadas, juicios políticos cruzados y un escándalo salarial que profundiza la deslegitimación del máximo órgano judicial de la provincia

Santa Cruz: crisis en el Tribunal Superior de Justicia

El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz atraviesa la crisis institucional más profunda desde su conformación hace más de 6 décadas. Lo que comenzó como una reforma estructural impulsada por el Poder Ejecutivo provincial terminó derivando en un escenario de fragmentación interna, judicialización permanente y pérdida de autoridad del máximo órgano judicial. La ampliación del número de vocales, lejos de ordenar el funcionamiento del tribunal, expuso una disputa de poder abierta entre los magistrados designados durante los años del kirchnerismo y los nuevos integrantes promovidos por la actual gestión del gobernador Claudio Vidal.

El conflicto se originó formalmente en agosto de 2025, cuando la Legislatura provincial sancionó la Ley N° 3949, que amplió la integración del Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve miembros. Desde el oficialismo, la medida fue presentada como una herramienta para modernizar el sistema judicial, reducir la acumulación de expedientes y democratizar un órgano que, según el diagnóstico del Ejecutivo, funcionaba de manera cerrada y concentrada. La ampliación también fue leída como un intento de aggiornar la justicia santacruceña a la realidad demográfica y territorial de la provincia.

Sin embargo, desde el primer momento la iniciativa generó fuertes resistencias políticas y judiciales. El bloque peronista de UxP en la Legislatura denunció que la reforma buscaba alterar el equilibrio interno del TSJ y avanzar sobre la independencia del Poder Judicial. A esos cuestionamientos se sumaron los propios vocales del tribunal, que interpretaron la ampliación como una maniobra del nuevo gobierno para modificar una estructura históricamente alineada con los gobiernos provinciales anteriores.

Mientras la discusión por la constitucionalidad de la ampliación seguía su curso, en septiembre la Legislatura avanzó con la designación de los nuevos vocales. En sesiones atravesadas por fuertes cruces políticos, fueron aprobados los pliegos de Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio De la Vega. Los cuatro magistrados prestaron juramento y comenzaron a desempeñar funciones, bajo el respaldo del Poder Ejecutivo y del bloque oficialista.

La jura de los nuevos integrantes terminó de fracturar al tribunal. Para los vocales históricos, el acto carecía de validez por haberse realizado a pesar de tener medidas judiciales que indicaban lo contrario. Para el Ejecutivo, en cambio, los nuevos jueces estaban plenamente habilitados, ya que habían sido designados conforme a una ley vigente al momento de su nombramiento.

Así se configuró una situación inédita en la historia institucional de Santa Cruz: un Tribunal Superior de Justicia dividido en dos bloques que se desconocen mutuamente. Por un lado, los vocales históricos, que continuaron actuando como si la ampliación no existiera. Por otro, los nuevos integrantes, que reclamaron reconocimiento pleno y participaron de resoluciones que luego fueron impugnadas.

El rol de los vocales históricos y la declaración de inconstitucionalidad

La resistencia de los vocales designados durante el kirchnerismo no se limitó al plano discursivo. En diciembre de 2025, el propio Tribunal Superior de Justicia, con la firma de los magistrados históricos Alicia Mercau, Paula Ludueña Campos, Renée Fernández y Fernando Basanta, declaró la inconstitucionalidad de la Ley 3949. El fallo sostuvo que la ampliación carecía de fundamentos suficientes, vulneraba principios de estabilidad institucional y alteraba la integración del tribunal sin una justificación objetiva.

La resolución resultó particularmente controvertida porque fue dictada por los mismos jueces cuyo poder se veía directamente afectado por la reforma. El oficialismo provincial coincidió que la decisión evidenció una actitud corporativa y defensiva de la vieja estructura judicial, decidida a conservar posiciones de poder frente al avance de una nueva administración política.Los magistrados firmantes argumentaron que se trató de un acto de defensa de la Constitución provincial y de la independencia judicial.

Este fallo marcó un punto de no retorno en la crisis. Desde ese momento, el TSJ quedó atravesado por una disputa abierta entre dos legitimidades: la política, expresada en una ley sancionada por la Legislatura, y la judicial, encarnada en una sentencia que invalidó esa norma.

Uno de los ejes más sensibles del conflicto es la conducción del Tribunal Superior de Justicia. La presidencia del cuerpo quedó envuelta en una controversia que, al día de hoy, no tiene resolución definitiva. Distintos sectores reconocen autoridades diferentes, lo que derivó en resoluciones contradictorias, órdenes cruzadas y una virtual parálisis de las decisiones estratégicas del tribunal.

En el sector alineado con los vocales históricos, la presidencia recae en Renée Fernández, que viene de la integración original del TSJ. Desde el bloque que responde a la ampliación impulsada por el gobierno provincial, en cambio, se sostiene que la conducción corresponde a Daniel Mariani, que reconoce la validez de la Ley 3949. Esta superposición de mandos no solo profundizó el conflicto interno, sino que erosionó la autoridad del tribunal frente a otros poderes del Estado y ante la ciudadanía.

La gravedad institucional del conflicto motivó un principio de intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal nacional fue convocado a analizar presentaciones vinculadas tanto a la constitucionalidad de la ampliación como a la validez de los actos dictados por un TSJ fragmentado.

Si bien la Corte evitó pronunciarse de manera definitiva sobre el fondo de la reforma, sí anuló decisiones adoptadas en un contexto de irregularidades y exhortó al tribunal provincial a actuar con prudencia e imparcialidad. La falta de una definición clara, sin embargo, dejó al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz en un limbo institucional que se prolonga hasta la fecha.

En ese contexto, los nuevos vocales quedaron en una situación particularmente delicada. Tras haber jurado y comenzado a ejercer funciones, fueron suspendidos por resoluciones posteriores, quedando formalmente designados pero impedidos de actuar.
.
Juicios políticos, suspensiones y desgaste institucional

La crisis del TSJ también se trasladó al ámbito legislativo a través de intentos de juicios políticos contra algunos magistrados. El caso más emblemático, ocurrido en noviembre pasado, fue el del vocal Fernando Basanta, exministro durante la gestión de Alicia Kirchner, acusado de no cumplir con los requisitos constitucionales para integrar el tribunal. La Legislatura avanzó con su suspensión, aunque sin lograr hasta el momento una destitución definitiva.

Desde sectores opositores, estos procesos fueron interpretados como represalias políticas del oficialismo contra los jueces que resistieron la ampliación. Desde el gobierno provincial, en cambio, se los defendió como mecanismos institucionales para depurar responsabilidades en un tribunal cuestionado.

Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que estos procesos contribuyeron a un clima de inestabilidad permanente, con magistrados bajo investigación, resoluciones judiciales impugnadas y una creciente pérdida de autoridad del máximo órgano judicial.

En medio del conflicto por la integración del Tribunal Superior de Justicia, antes de ir al receso de fin de año, la Legislatura de Santa Cruz resolvió autorizar el pago del 50% de los haberes a los nuevos vocales, pese a que se encuentran suspendidos en el ejercicio de sus funciones. La decisión fue presentada como una salida transitoria ante el limbo institucional generado por la disputa en torno a la ampliación del tribunal, pero rápidamente sumó cuestionamientos y derivó en una nueva controversia judicial.

Desde el oficialismo se argumentó que la medida busca resguardar derechos adquiridos y evitar futuros reclamos contra el Estado provincial, mientras que sectores críticos advirtieron que se trata de una erogación sin respaldo jurídico claro, en tanto los magistrados no se encuentran ejerciendo funciones efectivas.

El debate escaló con la presentación de una acción del gremio de empleados del Poder Judicial contra los diputados que votaron a favor del pago parcial de los sueldos, bajo el argumento de un presunto uso indebido de fondos públicos.

A este escenario de conflicto institucional se sumó, a fines de 2025 y comienzos de 2026, un escándalo salarial que terminó de erosionar la imagen del Tribunal Superior de Justicia. Pese a las críticas públicas, el TSJ resolvió avanzar con el aumento salarial que llevará los sueldos de los jueces provinciales a cifras cercanas a los 24 millones de pesos mensuales hacia fines de 2026.

En una resolución reciente, el tribunal ordenó efectivizar el incremento salarial dispuesto a fines de 2025 para magistrados y funcionarios judiciales, pese a que el vocal Daniel Mariani había solicitado suspender su aplicación. Entre sus argumentos, Mariani había invocado la vigencia de la Ley 3949 y la situación institucional excepcional que atraviesa el tribunal.
Sin embargo, el TSJ sostuvo que dicha ley fue declarada inconstitucional por una sentencia firme del propio tribunal, en el marco de una acción promovida por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales “3 de Julio”. En consecuencia, el cuerpo afirmó que la norma carece de efectos jurídicos, al igual que todos los actos dictados en su consecuencia.

En su resolución, el tribunal explicó que el aumento cuestionado no constituye una nueva decisión salarial, sino la formalización para el año 2026 de pautas ya acordadas y aplicadas previamente, tanto para empleados judiciales como para magistrados y funcionarios. Según el fallo, estas pautas se basan en un criterio histórico adoptado desde 2009, que toma como referencia los incrementos dispuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y consensuados en el marco de negociaciones paritarias.

El TSJ agregó que la recomposición salarial fue implementada de manera escalonada y prevista en el Anteproyecto de Presupuesto 2026, con el objetivo de asegurar su viabilidad financiera y preservar la proporcionalidad de toda la estructura salarial del Poder Judicial, cuyos haberes se encuentran atados al sueldo básico de un vocal del tribunal. Con estos argumentos, la resolución ordenó a la Dirección General de Administración que liquide y pague la recomposición salarial prevista.

La decisión generó un fuerte rechazo político y social. El gobernador Claudio Vidal cuestionó públicamente el aumento, al que calificó como “un acto de burla y una falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz”, en un contexto de ajuste fiscal y reclamos salariales en otros sectores del Estado. El episodio reforzó la percepción de que la resistencia de los vocales históricos no solo se vincula a una discusión jurídica, sino también a la defensa de privilegios consolidados.

Los vocales que firmaron la resolución defendieron la medida al recordar que la fijación de pautas salariales no es una facultad discrecional, sino una atribución constitucional vinculada a la autonomía financiera del Poder Judicial y a la garantía de la intangibilidad de las remuneraciones, principios que consideran esenciales para la independencia judicial y la división de poderes.

Una crisis concentrada en la cúpula judicial

Pese a la magnitud del conflicto en la cima del Poder Judicial, el funcionamiento de la justicia en sus niveles inferiores continúa con relativa normalidad. Durante 2025 se avanzó en la creación de nuevos juzgados, especialmente en materia de familia y primera instancia, en localidades como 28 de Noviembre y otras zonas del interior provincial. También se produjeron designaciones de jueces que permitieron descomprimir áreas críticas del sistema.
Juzgados civiles, penales y laborales continúan tramitando causas y dictando resoluciones, en un esfuerzo por aislar su labor cotidiana de la crisis que atraviesa el Tribunal Superior de Justicia. No obstante, persiste la preocupación por el impacto a mediano plazo de un TSJ debilitado, con autoridad fragmentada y legitimidad cuestionada.

La crisis del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz permanece abierta. La definición sobre la constitucionalidad de la ampliación, la validez de los nombramientos, la presidencia del cuerpo y el alcance de las decisiones adoptadas en este contexto excepcional parece depender, en última instancia, de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mientras tanto, el máximo órgano judicial de la provincia continúa atrapado en una disputa de poder que excede lo jurídico y se inscribe de lleno en la transición política santacruceña. La resistencia de los vocales designados durante el kirchnerismo y el avance del nuevo oficialismo chocan en un escenario donde la institucionalidad aparece como la principal víctima, con un tribunal que, más allá de sus argumentos legales, atraviesa una crisis de legitimidad sin precedentes.

CHUBUT

Nación desplazó a las autoridades del Parque Los Alerces y dispuso su intervención

La Administración de Parques Nacionales a cargo de Sergio Álvarez ordenó anoche la inmediata intervención de la intendencia del parque en medio del combate contra el fuego. La decisión llega luego de varios pedidos de renuncia de las cámaras locales y responde tanto a la crítica situación operativa como a la existencia de causas penales en curso

NOTICIAS MÁS VISTAS

Santa Cruz: crisis en el Tribunal Superior de Justicia

La ampliación del Tribunal Superior de Justicia derivó en una disputa de poder inédita, con vocales suspendidos, autoridades enfrentadas, juicios políticos cruzados y un escándalo salarial que profundiza la deslegitimación del máximo órgano judicial de la provincia

OTRAS NOTAS

Nación desplazó a las autoridades del Parque Los Alerces y dispuso su intervención

NOTICIAS MÁS VISTAS

Nación desplazó a las autoridades del Parque Los Alerces y dispuso su intervención

Comodoro, uno de los centros pujantes de la Patagonia ante el desafío de la planificación

Accidente y susto para un concejal: volcó Martín Chavez en la zona del aeropuerto

El contraste entre la abundancia de los recursos y el experimento libertario de la crueldad

El ajuste ordena la macro, pero profundiza la caída del consumo, el empleo y la inversión