19 de enero de 2026
ACTIVIDAD EN EL CONGRESO
Confirmado: el Congreso tratará en febrero la reforma de la Ley de Glaciares
El Gobierno nacional incluyó la reforma de la Ley de Glaciares dentro del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, habilitando el tratamiento del proyecto que busca modificar la Ley 26.639, que establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial
La convocatoria fue oficializada a través del Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial y se pondrá en el centro de la agenda legislativa una de las normas ambientales más sensibles del país, con fuerte impacto en las provincias cordilleranas y, especialmente, en aquellas donde la actividad minera ocupa un lugar relevante en la economía. La ley vigente fija una protección amplia sobre glaciares y ambientes periglaciares y prohíbe en esas zonas actividades como la minería y la exploración de hidrocarburos, al considerarlas áreas estratégicas para la preservación de los recursos hídricos.
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la iniciativa apunta a actualizar el marco normativo para permitir el desarrollo de nuevos proyectos mineros y atraer grandes inversiones al sector. Según la postura oficial, la modificación permitiría “equilibrar la preservación ambiental con el desarrollo productivo”, en línea con una política de impulso a la inversión privada. De aprobarse la reforma, la protección quedaría limitada únicamente a los glaciares y ambientes periglaciares considerados reservas estratégicas de recursos hídricos, y se ampliaría el margen de decisión de las provincias sobre la explotación de sus recursos naturales.
En el plano legislativo, el proyecto ya cuenta con un recorrido previo. En el Senado figura como Mensaje N° 36/25 del Poder Ejecutivo y durante diciembre del año pasado fue tratado en un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En esa instancia expusieron funcionarios nacionales, representantes de empresas mineras, organizaciones ambientalistas, científicos y los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil. Tras una extensa jornada de debate, el 18 de diciembre se firmó el dictamen, lo que dejó la iniciativa en condiciones de ser llevada al recinto.
Con la convocatoria a extraordinarias ya publicada y el proyecto incluido formalmente en el anexo del decreto, el foco ahora está puesto en febrero y en la decisión política de avanzar con su tratamiento en el Senado. De obtener media sanción, la reforma deberá continuar su recorrido en la Cámara de Diputados para completar el proceso legislativo.
En la oposición, especialmente dentro de Unión por la Patria, hay una defensa mayoritaria de la ley actual, aunque con divisiones internas vinculadas a los intereses de las provincias mineras. Durante el tratamiento en comisiones, desde el sector ambiental advirtieron que cualquier flexibilización de la norma pone en riesgo reservas estratégicas de agua, mientras que desde los gobiernos provinciales y el sector minero remarcaron la necesidad de contar con previsibilidad jurídica para inversiones de largo plazo.
Mientras tanto, la Ley de Glaciares continúa vigente como uno de los principales estándares nacionales de protección ambiental, y su eventual modificación es seguida de cerca por gobiernos provinciales, sectores productivos y organizaciones sociales. Con las sesiones extraordinarias en marcha, el Congreso volverá a discutir una norma que, desde su sanción, ha sido eje de fuertes debates entre desarrollo económico y protección del ambiente.