ENERGIA
La Tecla Patagonia
Redacción
Todos los derechos reservados
Serga.NET
Río Negro enfrenta una paritaria en un contexto de una gran tensión estructural
Según el Índice Integral de Sustentabilidad Salarial (IISS – RN), el sistema salarial rionegrino atraviesa una situación por demás compleja. La clasificación surge del cruce entre datos oficiales y métricas propias que analizan el rol del salario público y la capacidad del mercado laboral privado para sostenerlo
La negociación que se abrirá a fines de enero en Río Negro, se da en un contexto poco habitual por su nivel de fragilidad estructural. No se trata solo de un reclamo salarial del momento, sino de un problema más profundo del modelo económico y fiscal provincial.
El primer dato clave es la pérdida del salario estatal frente a la inflación. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el salario público acumuló una brecha real negativa de entre 7% y 8% respecto del IPC. No fue un error aislado, sino una secuencia prolongada de meses sin recomposición plena.
Enero de 2026 profundizó ese conflicto. Con una inflación mensual estimada en 2,8% y sin actualización salarial, la pérdida real volvió a ampliarse, consolidando una tendencia persistente de deterioro del ingreso.
El segundo indicador es aún más contundente: el salario público promedio ya no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Con un salario testigo de $1.237.202 y una Canasta Básica Total de $1.308.713 para una familia tipo, el ingreso estatal cubre apenas el 95% del umbral de pobreza.
En términos concretos, el salario público promedio en Río Negro se ubica por debajo de la línea de pobreza, incluso antes de contemplar gastos como alquiler, transporte o endeudamiento. Por eso, el IISS define al salario estatal como variable de ajuste estructural del esquema fiscal.
Pero la tensión no se explica solo por el sector público. El índice incorpora un segundo componente central: la capacidad del mercado laboral privado para compensar ese ajuste. Y allí el diagnóstico muestra algo preocupante.
En Río Negro, el salario promedio del top 10 de ramas del empleo privado registrado es de $2,09 millones, frente a un promedio patagónico de $3,96 millones. En términos relativos, el salario privado rionegrino equivale a apenas el 53% del promedio regional.
A esto se suma la estructura productiva. El 63% del empleo privado registrado se concentra en sectores de baja complejidad y productividad. En contraste, provincias como Neuquén o Santa Cruz explican más del 50% de su empleo en sectores de mayor valor agregado.
Lejos de amortiguar el ajuste del salario público, el mercado privado rionegrino lo reproduce y lo amplifica. No hay un sector que compense al otro: el deterioro se expande a todo el entramado económico.
La comparación con Neuquén vuelve a ser un espejo de la situación. Ahí, los salarios estatales están indexados automáticamente al IPC mediante acuerdos trimestrales que en 2025 acumularon subas del 7,9% en el último trimestre. Ese esquema es viable porque existe una estructura productiva más dinámica y salarios privados significativamente más altos.
En Río Negro, por el contrario, el gobernador Weretilneck encuadra la negociación salarial de manera directa en la evolución de la recaudación. Durante 2025, los ingresos provinciales solo superaron a la inflación en dos meses, mientras que en los otros ocho meses se movieron por debajo o apenas a la par en términos reales.
El informe explica que atar la paritaria a esa variable no estabiliza el salario: institucionaliza la pérdida recurrente. El resultado es un sistema donde el ajuste se vuelve permanente y previsible.
El IISS RN refleja esta dinámica con claridad. En enero de 2026, el índice general alcanza un puntaje de 42 sobre 100, tomando a Neuquén como benchmark (punto de referencia para evaluar y comparar el rendimiento de algo) regional. El módulo salarial marca 35 puntos y confirma el rol del salario público como variable de ajuste. El módulo del mercado privado llega a 50 puntos y muestra una capacidad compensatoria limitada.
La conclusión del informe dice que la paritaria que se abre no discute solo porcentajes. Pone en cuestión un modelo político-económico que, tras más de una década, muestra límites evidentes. Salarios públicos por debajo de la pobreza, un mercado privado débil y una recaudación insuficiente configuran un esquema frágil.