12 de enero de 2026
BARILOCHE
Crece la controversia por el aumento de tasas municipales
Se presentó un reclamo administrativo que busca impugnar las resoluciones mediante las cuales se dispusieron subas promedio del 60% en distintos tributos locales
La polémica por el incremento de tasas municipales en Bariloche sumó un nuevo capítulo. El aumento fue cuestionado por considerarse irregular y perjudicial para los contribuyentes.
Las resoluciones son las 3207 y 3203, firmadas el 29 de diciembre, mediante las cuales el Ejecutivo elevó la Unidad Fija utilizada para el cálculo de multas a $1.682 y fijó el valor del módulo fiscal en $395 hasta junio de 2026.
La presentación fue ingresada ante el Departamento Ejecutivo Municipal y constituye el primer paso de una estrategia legal que podría derivar en acciones judiciales. El planteo apunta a frenar la aplicación de los nuevos valores y a revisar la legalidad del procedimiento utilizado para su implementación.
Entre los principales cuestionamientos se señala que las resoluciones avanzan sobre atribuciones exclusivas del Concejo Deliberante. De acuerdo a la normativa vigente, la creación, modificación o prórroga de tasas municipales es una potestad indelegable del cuerpo legislativo local, que no puede ser reemplazada por decisiones del Ejecutivo.
El reclamo se apoya en varios ejes centrales, entre ellos la incompetencia del órgano que dictó las resoluciones, la violación del principio de legalidad tributaria y la alteración del sistema de módulos fiscales y unidades fijas. También se advierte que razones presupuestarias o de actualización de valores no constituyen causa legal suficiente para omitir la intervención del Concejo.
Además del impacto económico, se remarca la gravedad institucional del caso. Se advierte que la aplicación de estas medidas configura un nuevo conflicto de poderes y sienta un precedente que debilita el rol del Concejo Deliberante como órgano de control y representación política.
En caso de no prosperar el reclamo administrativo, se anticipa que la controversia podría trasladarse al ámbito judicial. La eventual demanda no sería individual, sino de carácter colectivo, con la convocatoria a vecinos, comerciantes y otros sectores afectados por el aumento de tasas.
El reclamo administrativo solicita la nulidad absoluta de las resoluciones 3207-I-2025 y 3203-I-2025, la suspensión inmediata de sus efectos y la intervención del Concejo Deliberante como órgano constitucionalmente competente. Asimismo, se deja abierta la posibilidad de avanzar por las vías administrativas, institucionales y judiciales necesarias para resguardar el orden jurídico municipal.