6 de enero de 2026
RIO NEGRO
Proponen endurecer control y sanciones por incumplimiento del calendario de vacunación
El bloque de la CC-ARI presentó un proyecto de ley que busca reforzar la vacunación obligatoria en la infancia, ante la caída de las coberturas y el riesgo de reaparición de enfermedades erradicadas.
El bloque de legisladores de la Coalición Cívica ARI – Cambiemos presentó en la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley destinado a fortalecer el cumplimiento del Calendario de Vacunación Obligatoria en niños y niñas, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud y prevenir el resurgimiento de enfermedades que ya habían sido controladas o erradicadas en el país.
La iniciativa se apoya en el marco normativo vigente a nivel nacional, que establece a la vacunación como un bien social, obligatorio, gratuito y prioritario para la salud pública. En ese sentido, el proyecto retoma los lineamientos de la Ley Nacional N° 27.491, sancionada en 2018 y reglamentada en 2023, que define la inmunización como una política sanitaria indelegable del Estado.
El autor del proyecto, el legislador Javier Acevedo, fue categórico al fundamentar la propuesta. “Vacunarse y vacunar a los niños es una obligación para sí mismo y para con los demás. No hacerlo es una alta irresponsabilidad social”, sostuvo, al tiempo que remarcó que no se trata de una discusión ideológica o de conciencia, sino del incumplimiento de normas constitucionales y de una ley nacional de aplicación obligatoria.
Desde el bloque advierten que en Río Negro se registra una baja preocupante en los niveles de vacunación infantil, especialmente en niños y niñas en edad de ingreso escolar. Según datos relevados durante 2024, en algunas localidades el cumplimiento del calendario obligatorio descendió al 80%, muy por debajo del 95% recomendado por los organismos de salud para garantizar la inmunidad comunitaria.
En este contexto, el proyecto recupera antecedentes judiciales y normativos recientes. Entre ellos, un fallo dictado en 2024 por el Juzgado de Familia de General Roca, que ordenó la vacunación obligatoria de un recién nacido pese a la negativa de sus progenitores, priorizando el interés superior del niño y la protección de la salud pública. También se mencionan experiencias similares ya aprobadas en provincias como Mendoza y Córdoba.
La propuesta establece que todo agente público provincial que tome conocimiento fehaciente de la falta de vacunación obligatoria en un niño o niña deberá informar la situación al Ministerio de Salud. A partir de esa notificación, la autoridad sanitaria deberá desplegar estrategias para revertir el incumplimiento y promover la vacunación correspondiente.
En los casos en que persista la negativa de los padres, tutores o responsables, el proyecto prevé la intervención de la Defensoría de Menores y del Juzgado de Familia correspondiente, con el fin de garantizar el derecho a la salud del niño y resguardar el interés colectivo.
Además, la iniciativa incorpora un régimen de sanciones económicas para quienes incumplan con la vacunación obligatoria. Las multas no podrán ser inferiores al 20% del Salario Mínimo Vital y Móvil y podrán duplicarse en caso de reincidencia. Para situaciones de insolvencia económica, se contempla la posibilidad de realizar trabajo comunitario en el ámbito de la salud pública.
“El derecho a la salud de niños y niñas no puede quedar librado a decisiones individuales que ponen en riesgo a toda la sociedad”, concluyó Acevedo, al remarcar que la vacunación no constituye una opción personal sino una responsabilidad parental y un deber colectivo que el Estado debe garantizar.