23 de diciembre de 2025
JUDICIALES
La Justicia le puso un freno al Gobierno y dejó sin efecto el DNU que veta el financiamiento universitario
Un juzgado federal hizo lugar a una cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y exigió el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, tras meses de pérdida salarial y recortes que impactaron en docentes, no docentes y estudiantes.
La pulseada entre el sistema universitario y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo con un fallo judicial que vuelve a poner en el centro del debate el financiamiento de las universidades públicas. La Justicia Federal ordenó, de manera cautelar, que el Poder Ejecutivo cumpla con la actualización de los salarios universitarios y de las becas estudiantiles, tal como lo establece la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
La medida fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, que hizo lugar al reclamo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El planteo apuntó directamente contra el decreto firmado por Javier Milei que suspendió la aplicación de la ley, bajo el argumento de que no habilitaba partidas presupuestarias específicas para sostener el sistema universitario.
En su presentación, el CIN puso el foco en los artículos 5° y 6° de la normativa, que establecen mecanismos automáticos de actualización salarial y de becas en función de la inflación. Según sostuvieron las universidades, el incumplimiento de estos artículos provocó una afectación colectiva y urgente, al deteriorar el poder adquisitivo de docentes y no docentes y comprometer el normal funcionamiento de las casas de estudio.
El impacto del ajuste no pasó desapercibido. Desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, la pérdida salarial de los docentes universitarios ronda el 45%, de acuerdo a datos difundidos por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y por los sindicatos del sector. Una situación que también golpeó de lleno a los estudiantes que dependen de becas para sostener su cursada.
Al analizar el caso, el juez Martín Cormick consideró que existía una “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” por parte del Ejecutivo. En ese sentido, sostuvo que la lesión de derechos y garantías constitucionales surge de forma clara de la omisión estatal, sin necesidad de un extenso análisis de los hechos. Por ese motivo, ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos cuestionados.
El artículo 5° de la ley establece la garantía del financiamiento para las actividades esenciales del sistema universitario y la recomposición de los salarios docentes y no docentes. Allí se fija que los aumentos no pueden ser inferiores a la inflación, deben tener carácter remunerativo y bonificable, y además obliga a la convocatoria de paritarias trimestrales.
Por su parte, el artículo 6° se centra en la actualización automática de las becas estudiantiles y en la asignación de partidas específicas para ciencia y extensión universitaria. También fija un piso mínimo de recursos para el sistema y refuerza los mecanismos de transparencia y control presupuestario, un punto que las universidades consideran clave para garantizar previsibilidad.
El fallo no solo representa un alivio para el sector universitario, sino que también reabre la discusión política sobre el rol del Estado en el sostenimiento de la educación superior. Mientras el Gobierno insiste en el ajuste del gasto público, la Justicia marcó un límite y recordó que el financiamiento universitario no es una concesión, sino una obligación establecida por ley.