Una resolución de un juez de Bariloche hizo lugar a una medida cautelar solicitada por un damnificado en la compra de un terreno en San Antonio Oeste que pagó y nunca le entregó. La decisión se conoció un día después de la demanda de otro damnificado que le compró un terreno en Las Grutas pero ella incumplió con sus compromisos contractuales

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La justicia rionegrina dictó una sentencia en favor de un damnificado de Bariloche que denunció a la diputada de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, por la supuesta venta de un lote en Las Grutas que nunca le entregó.

La justicia hizo lugar a una medida cautelar de embargo preventivo sobre los haberes que Villaverde percibe como diputada nacional, hasta cubrir una suma total de 40,5 millones de pesos (27 millones en concepto de capital y 13,5 millones por intereses y costas), entre capital reclamado, intereses y costas judiciales.

El juez Santiago Morán, a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil N°3 de Bariloche, consideró acreditada, en esta instancia preliminar, la verosimilitud del derecho invocado, requisito central para el dictado de medidas cautelares, sin que ello implique un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del litigio.

Según el fallo, el barilochense reclamó el incumplimiento en la entrega de un terreno adquirido mediante un boleto de compraventa con firmas certificadas. La demanda principal, que continuará su trámite, está vinculada a daños y perjuicios por incumplimiento contractual y cobro de canon locativo, derivados de la falta de posesión del inmueble.

Para el magistrado, la documentación presentada (cartas documento, recibos y actuaciones de mediación) permitió configurar el denominado fumus boni iuris, es decir, la posibilidad concreta de que el derecho reclamado exista, lo que justifica la adopción de una medida precautoria.

Además, el juez destacó el peligro en la demora, al advertir que, sin el embargo, una eventual sentencia favorable podría tornarse de cumplimiento ilusorio.

La resolución ordena que el embargo se practique directamente sobre las remuneraciones laborales y el sueldo anual complementario que Villaverde percibe en la Cámara de Diputados de la Nación, conforme a los límites establecidos por la normativa vigente.

Para garantizar el cumplimiento, el juzgado libró oficio a la Secretaría General de la Honorable Cámara de Diputados, bajo apercibimiento de sanciones y multas diarias en caso de incumplimiento.

El nuevo revés legal se suma a los cuestionamientos que rodean a la diputada, quien en los últimos meses quedó envuelta en diversas controversias políticas y patrimoniales.

Como informó ayer La Tecla Patagonia, el Juzgado Civil y Comercial Nº 9 de San Antonio Oeste, a cargo de la jueza Vanesa Kozaczuk, recibió una nueva demanda por “daños y perjuicios” contra Lorena Villaverde, en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240.

La presentación judicial reclama una indemnización superior a los 31 millones de pesos y solicita el dictado de un nuevo embargo preventivo ante el incumplimiento de un contrato de compraventa de un terreno en la localidad de Las Grutas.

La acción está vinculada a un contrato firmado el 23 de septiembre de 2020 para la adquisición de un lote del fraccionamiento denominado “Tajamar”, con una superficie de 465,80 metros cuadrados. Según consta en la demanda, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y el financiamiento del saldo en 120 cuotas mensuales.

De acuerdo al escrito judicial, el comprador cumplió de manera sostenida con sus obligaciones contractuales y llegó a abonar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados en el expediente. Sin embargo, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos en el contrato.

En particular, la demanda señala que Villaverde se comprometió expresamente a ejecutar obras de infraestructura esenciales para la habitabilidad y escrituración del lote, entre ellas la apertura y enripiado de calles, la provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían concretarse en un plazo máximo de 10 meses, prorrogable por seis meses más en caso de fuerza mayor, plazos que se encuentran ampliamente vencidos.

RIO NEGRO

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