15 de diciembre de 2025
JUDICIALES
Cuáles fueron los reclamos de Santa Cruz que la Corte Suprema aceptó y cuáles rechazó
El máximo tribunal resolvió avanzar en dos demandas millonarias de la provincia contra el Estado Nacional, pero negó las medidas cautelares que buscaban pagos inmediatos mientras se tramitan los juicios. Qué argumentaron los magistrados
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió la semana pasada una serie de planteos presentados por el gobierno de Santa Cruz contra el Estado Nacional, vinculados a reclamos fiscales y previsionales por montos millonarios. En ambos casos, el tribunal aceptó intervenir en forma directa al declarar su competencia originaria, pero rechazó las medidas cautelares solicitadas por la provincia, que pretendían garantizar el envío inmediato de fondos mientras avanzan los procesos judiciales.
Uno de los expedientes tiene origen en el Consenso Fiscal 2017. En la demanda, impulsada por el gobernador Claudio Vidal, Santa Cruz reclama el pago de aproximadamente 589,3 millones de pesos correspondientes a 2023 y a los meses de enero y febrero de 2024. Según el planteo, el Estado nacional incumplió el envío de las compensaciones acordadas para cubrir la pérdida de recursos provocada por cambios en el Impuesto a las Ganancias y en el impuesto a los créditos y débitos bancarios.
La provincia sostuvo que el acuerdo establecía transferencias diarias y automáticas, actualizadas trimestralmente por inflación, y destinadas a obras de infraestructura sanitaria, educativa, productiva, de vivienda y vial. En ese marco, solicitó una cautelar innovativa para que se restablezca el flujo de fondos mientras se sustancia el juicio, al considerar que la falta de transferencias generaba un daño actual.
La Corte, tras escuchar la opinión del Procurador General, rechazó esa cautelar. Argumentó que los elementos aportados no alcanzan para acreditar los requisitos de admisibilidad de una medida de ese tipo y que ordenar un pago anticipado implicaría exceder el marco propio de una cautelar, adelantando el resultado final del proceso. No obstante, el tribunal ordenó correr traslado de la demanda al Estado Nacional, que deberá responder en un plazo de sesenta días por la vía del proceso ordinario.
El segundo reclamo abordado por la Corte está vinculado al financiamiento de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz. En este caso, la provincia promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional y la ANSES, cuestionando el artículo 18 del decreto 280/2024, al que responsabiliza por la interrupción de las transferencias destinadas a cubrir el déficit del sistema previsional provincial no transferido.
Santa Cruz fundamentó su demanda en acuerdos federales y convenios bilaterales vigentes desde fines de los años noventa, que establecían anticipos mensuales actualizados para sostener las cajas previsionales provinciales. Según la presentación, desde comienzos de 2024 no se habrían girado fondos, lo que motivó también el pedido de una cautelar para reanudar los pagos de manera inmediata.
Al igual que en el caso del Consenso Fiscal, la Corte declaró su competencia originaria para tratar la causa, pero rechazó la medida cautelar solicitada. De este modo, el planteo continuará su trámite judicial sin transferencias anticipadas ordenadas por el tribunal.