Tres abogados denunciaron y pidieron una evaluación de jury ante el Consejo de la Magistratura al magistrado Carlos Richeri de Esquel por una serie de conductas que, según sostienen, configuran mal desempeño y comprometen la ética judicial

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La situación del juez penal de Esquel, Carlos Richeri, volvió a quedar en el centro de la escena judicial en Chubut luego de que los abogados Alfredo Pérez Galimberti, Federico Ruffa y José Raúl Heredia presentaran una denuncia formal para que se evalúe la apertura de un proceso de destitución. El planteo apunta a un conjunto de conductas que, en conjunto, consideran incompatibles con las obligaciones éticas, legales y funcionales de un magistrado provincial.

Uno de los hechos centrales señalados por los denunciantes es la sentencia dictada en junio pasado, anulada posteriormente por la Cámara Penal de Esquel al detectarse que había sido redactada mediante un sistema de inteligencia artificial. Según los camaristas, el fallo careció de la supervisión humana necesaria y vulneró el debido proceso, lo que derivó en la invalidación del juicio por robo simple. La anulación incluyó un pedido de sumario administrativo contra el juez.

El episodio tuvo un impacto institucional mayor cuando, tras la decisión de la Cámara, Richeri difundió en redes sociales una serie de videos en los que ironizaba sobre el fallo y el accionar de los camaristas. La publicación fue interpretada por los denunciantes como una señal de desprecio hacia los mecanismos de control interno y como una conducta que afecta la imagen del Poder Judicial.

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El segundo eje de la denuncia se refiere a la creación y explotación de una estructura comercial paralela a su función judicial. Según los abogados, Richeri habría desarrollado una plataforma denominada Neo Litigantes Academy, destinada a la venta de cursos y asesoramiento jurídico mediante talleres, grabaciones y programas pagos orientados a abogados y funcionarios judiciales. El emprendimiento ofrece un método propio, publicitado como herramienta para detectar fallas en acusaciones penales y resolver casos en tiempos reducidos.

Para los denunciantes, esta actividad excede los límites permitidos a los magistrados y constituye un ejercicio comercial no autorizado, además de un presunto asesoramiento en casos reales, lo que implicaría el ejercicio indirecto de la abogacía. Señalan, además, que en distintos materiales promocionales se habrían utilizado dependencias del Poder Judicial, lo que consideran un uso indebido de bienes públicos con fines privados.

El tercer punto planteado se relaciona con su intervención en una causa penal en la que estaban involucrados los propios denunciantes, en representación de la Asociación de la Magistratura. Según el escrito, Richeri asumió competencia sin corresponderle y omitió excusarse, a pesar de que otros jueces lo hicieron por su vinculación institucional con las partes. Para los abogados, esta actuación reflejaría un ejercicio irregular de la potestad jurisdiccional y una falta de imparcialidad.

La presentación ante el Consejo de la Magistratura solicita que se inicie el procedimiento previsto para determinar si las conductas atribuidas al magistrado se encuadran en la causal de mal desempeño. De considerarlo así, el organismo podría avanzar hacia la apertura de un jury de destitución.

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