11 de diciembre de 2025
ESCENARIO
Con presión por una norma fija, Santa Cruz llega a fin de año sin nueva ley electoral
Con la Ley Electoral Provincial Transitoria a punto de caducar el 31 de diciembre, la Legislatura analiza proyectos que proponen boleta única, balotaje y límites a las reelecciones, mientras existe la posibilidad de prorrogar la norma vigente. El objetivo, evitar ambigüedades legales de cara al calendario 2027
Santa Cruz transita semanas decisivas en materia electoral. La Ley Provincial Transitoria N° 3929, dictada en mayo para habilitar la elección en Cañadón Seco tras el fallecimiento del comisionado Jorge Soloaga, perderá vigencia el 31 de diciembre y la provincia aún no cuenta con una legislación permanente que reemplace a la derogada ley de lemas.
En caso de que suceda los más probable y no se apruebe una nueva ley antes del cierre del año, las elecciones municipales quedarían sujetas a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 55 de 1958. Ese marco regula padrones locales, juntas municipales y la distribución proporcional de bancas en los concejos deliberantes, con especial énfasis en la representación de minorías. Su aplicación se complementaría con disposiciones de la Constitución Provincial —como el artículo 78, que establece el voto secreto y obligatorio, el uso del padrón nacional y un Tribunal Electoral Permanente integrado por miembros del Tribunal Superior de Justicia—, lo que garantiza la continuidad institucional, aunque sin herramientas actualizadas como la boleta única en papel.
Con este escenario, hace unas semanas la Cámara de Diputados reunió a legisladores de todos los bloques para avanzar en la redacción de una ley electoral estable. El objetivo, planteado entonces, fue elaborar un régimen transparente y plural, incorporando a organizaciones sociales y a fuerzas políticas sin representación parlamentaria.
Hasta la fecha, hay tres iniciativas electorales presentadas en la Legislatura, de las cuales dos—una del bloque oficialista Por Santa Cruz, encabezado por Fabiola Loreiro junto a Santiago Aberastain Zubimendi y José Quiroga, y otro del diputado de la CC-ARI Pedro Muñoz— fueron girados a comisiones en la sesión de este jueves para su análisis.
La propuesta de Loreiro plantea un esquema que abarca adopción obligatoria de la boleta única, incorporación del balotaje y límites a las reelecciones en todas las categorías. Propone también unificar las fechas de elecciones provinciales y municipales para evitar superposiciones y mejorar la administración electoral. En ese esquema, el balotaje se activaría cuando ninguna fórmula alcance el 45% de los votos válidos.
El proyecto de Muñoz inicialmente se concentraba en la Boleta Única por Categoría, inspirada en el modelo santafesino, con argumentos centrados en mayor transparencia, equidad y celeridad en el escrutinio, a lo que después presentó una versión ampliada de su iniciativa original, adaptada al diálogo legislativo que se abrió en las últimas semanas.
Un tercer proyecto, impulsado por Daniel Peralta y orientado a implementar la Boleta Única de Sufragio en todos los niveles electorales, permanece en carpeta, aunque sin avances recientes ni definiciones respecto de su tratamiento.
Consultado por La Tecla Patagonia, el diputado Muñoz descartó de manera tajante que cualquiera de las iniciativas pueda tratarse antes de fin de año. Recordó que el período de trabajo en comisiones para el ciclo ordinario 2025 ya concluyó y que cualquier discusión formal deberá realizarse a partir de la apertura del nuevo calendario legislativo. Aun así, se mostró optimista respecto a la posibilidad de conciliar posiciones entre los distintos proyectos y de incorporar a espacios políticos que actualmente no tienen presencia en la Cámara, con el objetivo de alcanzar un consenso amplio que brinde estabilidad al sistema electoral.
Mientras tanto, existe la alternativa de prorrogar la Ley Transitoria 3929 por seis meses para evitar un vacío normativo, teniendo en cuenta que las próximas elecciones generales recién se realizarán en 2027. La discusión de fondo apunta a dotar a la provincia de un régimen claro, moderno y permanente que evite volver a los conflictos interpretativos que durante años marcaron la vigencia de la ley de lemas.