11 de diciembre de 2025
NEUQUEN
Condenas de hasta cinco años de prisión por las estafas con planes sociales
El tribunal fijó penas de cumplimiento efectivo para los exfuncionarios y empleados estatales involucrados en el fraude con tarjetas de débito de beneficiarios, que generó un perjuicio acreditado de más de 153 millones de pesos. También dispuso la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos
La Justicia neuquina definió este miércoles las penas para las doce personas declaradas responsables por las estafas con planes sociales cometidas entre septiembre de 2020 y julio de 2022. Los exfuncionarios Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; Tomás Siengenthaler, excoordinador de Administración; y Ricardo Soiza, exdirector general de Planes Sociales, recibieron las condenas más altas: cinco años de prisión efectiva.
El tribunal también estableció penas de prisión efectiva para otros involucrados en la maniobra. Néstor Pablo Sanz fue condenado a cuatro años y seis meses; Marcos Osuna, a cuatro años; y Luis María Gallo, Julieta Mariana Oviedo y Alfredo Cury, a tres años y seis meses. En tanto, Laura Carolina Resnik, Isabel Natalia Montoya, Valeria Noemí Honorio y Emanuel Rodolfo Victoria Contreras recibieron penas de tres años de prisión condicional.
Además de las condenas, los jueces dispusieron la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos, junto con las accesorias legales correspondientes y el pago de las costas del proceso. No hicieron lugar a los decomisos de bienes solicitados por la fiscalía, al no haberse probado que fueran adquiridos con fondos provenientes de las defraudaciones. Sobre esos bienes, el tribunal señaló que podrán ser reclamados en los procesos civiles que impulsa la Fiscalía de Estado.
La audiencia de imposición de penas se realizó tras la solicitud del fiscal jefe Pablo Vignaroli y del fiscal del caso Juan Narvaez, quienes habían requerido penas de cumplimiento efectivo para todos los acusados. Durante su alegato, Vignaroli destacó que se trató de “un delito grave que afectó seriamente a la administración pública”, con un perjuicio acreditado de 153.377.900 pesos, cifra que actualizada representa más de 1.200 millones.
El equipo del Ministerio Público Fiscal estuvo integrado también por las asistentes letradas Tanya Cid y Agustina Jara, mientras que por la Fiscalía de Estado participó como querellante el abogado Gustavo Kohon. La causa llegó a esta instancia con todos los acusados previamente declarados responsables por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, según lo resolvieron de manera unánime los jueces Juan Guaita, Luciano Hermosilla y Juan Manuel Kees. El tribunal descartó, como pretendía la fiscalía, la acusación por asociación ilícita.
La investigación determinó que la maniobra consistió en la retención de tarjetas de débito de beneficiarios de programas sociales. A las personas alcanzadas se les entregaba sólo una parte del subsidio, mientras que el resto era desviado, según la hipótesis fiscal, hacia referentes políticos del Movimiento Popular Neuquino (MPN). La estructura operaba de manera sostenida y aprovechaba la vulnerabilidad de los beneficiarios y el acceso privilegiado de los funcionarios a los sistemas de asistencia.
Antes de este juicio, otras nueve personas ya habían sido condenadas por su participación en tareas complementarias de la estafa. Recibieron tres años de prisión condicional luego de reconocer los hechos, en un proceso abreviado que permitió avanzar en la causa principal.