4 de diciembre de 2025
NEUQUEN
La fiscalía pidió penas de hasta 6 años de prisión efectiva por la estafa con planes sociales
El fiscal jefe Pablo Vignaroli pidió la pena máxima para tres de los 12 acusados. Las demás penas van de los 3 años a los 5 años y 8 meses. También solicitó la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La defraudación al Estado, por la maniobra perpetrada entre 2020 y 2022, se calcula en $153.377.900
En la última audiencia del juicio de determinación de la pena en el caso por estafas con planes sociales, el fiscal jefe Pablo Vignaroli presentó pedidos de prisión efectiva para las 12 personas que fueron condenadas, haciendo una distinción en los montos según el grado de participación definido en el juicio de responsabilidad.
Junto al fiscal jefe Vignaroli, el equipo de la fiscalía estuvo integrado por el fiscal del caso Juan Narvaez y las asistentes letradas Tanya Cid y Agustina Jara. En representación de la querella por la Fiscalía de Estado intervino el abogado Gustavo Kohon.
En esta etapa, el MPF se basó en el veredicto previo, donde los jueces Juan Guaita, Luciano Hermosilla y Juan Manuel Kees declararon la responsabilidad unánime de 12 personas por el delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.
Los jueces habían descartado la figura de asociación ilícita que había propuesto el MPF.
En este contexto, y ante las defensas pretendiendo condenas con los mínimos legales o de ejecución condicional, Vignaroli pidió penas de cumplimiento efectivo a todos los imputados, y diferenció entre los coautores y los partícipes primarios (o necesarios).
Para los coautores, quienes desempeñaron un rol central en la maniobra, la fiscalía solicitó penas de 6 años de prisión, que son las penas máximas para este tipo de delito. Ellos son: Abel Di Luca, Tomás, Siengentharler Ricardo Soiza. Para Néstor Pablo Sanz y Luis María Gallo, pidió 5 años y 6 meses de prisión. En tanto, para Laura Carolina Resnik y Julieta Oviedo, 5 años.
Para los partícipes primarios (o partícipes necesarios), la fiscalía solicitó penas desde 3 años y 6 meses hasta 4 años y 8 meses: Marcos Ariel Osuna (4 años y 8 meses); Alfredo Cury e Isabel Montoya (4 años); Valeria Honorio (3 años y 8 meses) y Emanuel Victoria Contreras (3 años y 6 meses).
Además, el fiscal jefe solicitó la inhabilitación especial perpetua para asumir cargos públicos, accesorias legales y costas del proceso para todos los condenados, como así también el decomiso de bienes registrales.
La maniobra defraudatoria, que consistió en la administración y cobro indebido de asignaciones sociales, se cometió entre septiembre de 2020 y julio de 2022, afectando al erario público por un monto histórico de $153.377.900.
Durante la audiencia también se escucharon las explicaciones de algunos acusados que pidieron la palabra. Uno de ellos pidió disculpas, mientras que el resto dio sus respectivos versiones respecto de los delitos que se probaron en su contra.
Mañana será el turno de las defensas y luego, el tribunal se tomará el plazo ordinario para comunicar su decisión final, la cual deberá moverse en el rango establecido por los pedidos de la fiscalía (penas de cumplimiento efectivo) y las solicitudes que realicen las defensas, posiblemente condenas de ejecución condicional.
Las estafas se lograron mediante el uso de tarjetas de débito de beneficiarios de programas sociales, a quienes se les retenía el plástico. Una fracción del subsidio se destinaba al beneficiario (en algunos casos, alrededor de 49 mil pesos), y el resto se dirigía, según la teoría fiscal, a referentes políticos del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
Antes de este juicio, otras nueve personas fueron condenadas por reconocer su participación en tareas complementarias (como retirar dinero de cajeros o cobrar cheques), recibiendo penas de 3 años de prisión condicional.