25 de noviembre de 2025
NEUQUEN
Comienza el juicio de cesura a los 12 condenados por la estafa con planes sociales
Los jueces buscarán determinar las penas correspondientes a los ex funcionarios y empleados municipales que fueron condenados por el delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública
Este martes se realizará la primera audiencia del juicio en el que se buscará imponer las penas a los 12 ex funcionarios y trabajadores estatales de Neuquén que fueron condenados por estafas con planes sociales a través del Ministerio de Desarrollo Social.
Los jueces serán Juan Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita, quienes condujeron el juicio, serán los encargados de dar a conocer la pena. La acusación estará a cargo de los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Narváez, y de Gustavo Kohon como querellante por la fiscalía de Estado.
En el juicio, el delito que se investigó fue la asociación ilícita y el encuadre fue
“administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública”.
Fueron condenados como coautores de esos delitos Orlando Abel Di Luca, Tomás Siegenthaler, Ricardo Nicolás Soiza, Luis María Gallo, Laura Carolina Reznik Mastronardi, Julieta Mariana Oviedo y Néstor Pablo Sánz.
En tanto, Valeria Noemí Honorio, Isabel Natalia Montoya, Marcos Ariel Osuna, Emanuel Rodolfo Victoria Contreras y Alfredo Cury fueron encontrados partícipes primarios.
Las defensas estarán a cargo de los abogados particulares Pablo Gutiérrez, Gonzalo Rodríguez, Fabián Flores, Carlos Fernández, Alfredo Cury y por la defensa pública Laura Giuliani, Carolina Johansen y Juan Pablo Piombo.
Durante el juicio de cesura, el tribunal tendrá que fijar la pena correspondiente a cada condenado, teniendo en cuenta los agravantes y atenuantes que pudieran existir.
En el juicio, quedó probado que en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, a través de distintas direcciones y jerarquías, se implementó “una administración fraudulenta contra la administración pública provincial, que captó beneficiarios, falsificó documentos, desvió fondos y consolidó un patrimonio ilícito destinado a gastos de sostenimiento y a alimentar una estructura de clientelismo político”.
El juez Guaita, al leer la sentencia, subrayó que el mecanismo fue “concertado, sostenido en el tiempo y de gravísimo perjuicio para el erario público”.
El esquema, probado en juicio, funcionó entre septiembre de 2020 y julio de 2022 y alcanzó un monto total de 153 millones de pesos. Las maniobras incluían la retención de tarjetas de débito de beneficiarios de planes sociales, quienes en algunos casos recibían apenas un 10% del subsidio, mientras que el resto del dinero era apropiado por funcionarios y empleados del ministerio. Los jueces remarcaron que el ardid explotó la vulnerabilidad de personas desocupadas, adultos mayores o familias con integrantes discapacitados.