24 de noviembre de 2025
RIO NEGRO
Salud Pública y el IPROSS concentraron los mayores reclamos de la ciudadanía
La Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, presentó en la Legislatura un informe anual con el detalle de los más de 5.200 reclamos recibidos en la gestión 2023-2024. El aumento en las tarifas de luz y gas también ocasionaron numerosas quejas
Según un informe de la Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, el área de Salud Pública volvió a encabezar los reclamos registrados en la provincia en la gestión 2023-2024, concentrando un 19% del total.
Santagati presentó su Informe Anual de Gestión 2023-2024 en la Legislatura, donde fueron procesados 5.216 reclamos con un 95% de eficacia, según se informó.
Las consultas más frecuentes en el área Salud, estuvieron relacionadas con demoras en la entrega de medicamentos crónicos y oncológicos, y con la falta de prótesis e insumos quirúrgicos, una situación que el organismo atribuye a restricciones presupuestarias y a la falta de previsibilidad en la cadena de suministros.
En cuanto al IPROSS, la Defensoría expresó preocupación por la caída del nivel real de cobertura de medicamentos, que —según el informe— se ubica hoy entre el 9% y el 11%, lejos del 50% que establece la Ley 2.753. Además, se registraron demoras en autorizaciones, trámites administrativos y provisión de prótesis.
El apartado de Salud Mental mostró otra tendencia preocupante: de 461 internaciones registradas, 414 fueron involuntarias, y 120 correspondieron a niñas, niños y adolescentes, muchos de ellos por episodios vinculados a riesgos autolesivos. El organismo resaltó como un avance la finalización del proceso de cierre de la clínica Valle Sereno.
Servicios públicos: aumentos abruptos y reclamos por facturación
Otro de los puntos críticos del informe fue el relativo a servicios públicos. En particular, se registraron quejas por los incrementos en las tarifas y la desregulación de los servicios implementada por el Gobierno nacional, que se tradujo en aumentos considerables que se trasladaron directamente a los ciudadanos. En este punto, la Defensoría cuestionó la falta de gradualidad y la ausencia de criterios de equidad territorial.
Según detalló, las tarifas del servicio de gas registraron aumentos que en algunos casos alcanzaron el 486%, perjudicando a hogares y comercios. En electricidad, el 56% de los reclamos se concentró en facturación, segmentación y subas tarifarias. En el servicio de agua, casi la mitad de las quejas estuvieron vinculadas a errores de facturación.
El organismo volvió a pedir una revisión del esquema tarifario y la implementación de un sendero gradual que contemple la realidad socioeconómica y climática de la Patagonia.
Consumidores: estafas y problemas financieros
En cuanto a los consumidores, la mayoría de las inquietudes correspondió a servicios bancarios y financieros, donde se destacaron las denuncias por débitos indebidos, créditos no solicitados y fallas en la atención. Las estafas digitales representaron un 16,3% de los reclamos y se mantienen en crecimiento.
Ambiente: minería, crisis sanitaria y saneamiento
Aunque representan menor volumen que otros sectores, los temas ambientales tuvieron fuerte impacto. Santagati participó en instancias de diálogo y audiencias por proyectos mineros, pidiendo mayor transparencia y participación ciudadana. También intervino en la crisis por influenza aviar que afectó a lobos marinos en Punta Bermeja, avalando el cierre temporal de la playa como medida preventiva.
En cuanto a agua y saneamiento, el organismo señaló problemas de infraestructura, obsolescencia y la urgencia de ejecutar obras estratégicas, especialmente en El Bolsón.
Educación: infraestructura y demandas comunitarias
El informe incluyó un relevamiento de 98 edificios escolares, donde se detectaron problemas edilicios, filtraciones, fallas de calefacción y demoras en mantenimiento.
Además, hubo reclamos por apertura de cursos y por falta de respuestas a familias y comunidades educativas.
Modernización y desafíos institucionales
El organismo destacó avances en modernización administrativa, como la implementación del sistema GDE, tableros de control, georreferenciación de reclamos y capacitaciones internas en nuevas tecnologías y servicios públicos. También se desarrolló un nuevo sistema digital de haberes y se firmaron convenios para mejorar la eficiencia energética.
En su cierre, la Defensora remarcó que las demandas ciudadanas deben traducirse en políticas públicas más eficientes. “El desafío —señaló— es avanzar sin retrocesos en derechos fundamentales, incluso en contextos económicos complejos, y fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad”.
Al término del informe, el vicegobernador Pedro Pesatti felicitó a Santagati y destacó que durante su alocución haya utilizado la palabra ‘compasión’, que “es mucho más fuerte que ‘empatía’, que se suele utilizar habitualmente. Recuperar el concepto de la compasión cristiana es lo que le está faltando a nuestra comunidad”.