11 de noviembre de 2025
RIO NEGRO
Recrudece el conflicto con ALPAT: bloqueo, gremios ofuscados y tibio papel de Provincia
Desde el gremio bloquearon el movimiento de cargas en la planta, reclamando oportunidades de trabajo en medio de la crisis de larga data que atraviesa la empresa propiedad de Cristóbal López. Qué papel juega el gobierno provincial
Un nuevo capítulo en la saga de inestabilidad laboral de Alcalis de la Patagonia (ALPAT) se desató este martes, cuando camioneros rionegrinos bloquearon el movimiento de cargas en la planta, reclamando oportunidades de trabajo en medio de una crisis que parece no tener fin. La Secretaría de Trabajo de Río Negro confirmó que analiza intervenir en el conflicto, pero esta medida no hace más que resaltar la dependencia crónica de la empresa de subsidios estatales, cuestionando la eficacia y la transparencia de las políticas provinciales.
ALPAT, la única productora de carbonato de sodio en Latinoamérica y propiedad del empresario Cristóbal López, figura controvertida por sus vínculos con el kirchnerismo y escándalos judiciales,, enfrenta una "crisis estructural" agravada por altos costos de gas y caída de ventas, exacerbada por la apertura de importaciones impulsada por el gobierno nacional. Sin embargo, en lugar de soluciones de fondo, el gobierno rionegrino de Alberto Weretilneck opta por parches financieros que cargan sobre los contribuyentes. Solo en mayo de este año, se destinaron más de 3 millones de dólares en subsidios, una decisión que generó polémica por beneficiar a una firma privada con dudosa gestión y conexiones políticas evidentes.
Este bloqueo de camioneros llega apenas dos meses después de otro escándalo: en septiembre, la empresa despidió a 41 trabajadores apenas 24 horas después de firmar un acuerdo salarial que incluía el compromiso de no realizar cesantías. El sindicato denunció "mala fe" por parte de ALPAT, y aunque la Provincia ordenó una conciliación obligatoria que resultó en la reincorporación de los afectados, la compañía admitió no poder cumplir con los pagos acordados. ¿Resultado? Una paz social frágil, sostenida a costa de intervenciones estatales repetidas, que exponen la ineficacia del gobierno para prevenir estos ciclos viciosos en lugar de reaccionar con billetera ajena.
La historia se repite: en julio, Río Negro "destrabó" un paro con un auxilio económico millonario, y en marzo, medió en otro conflicto para garantizar 60 días de "paz social". Estas intervenciones, si bien evitan cierres inmediatos, ocultan un problema mayor: ¿por qué se destinan fondos públicos a una empresa que no logra estabilizarse, mientras miles de rionegrinos enfrentan desempleo y precariedad? Críticos señalan que los lazos entre López y sectores del peronismo –incluyendo al oficialismo provincial– podrían explicar esta generosidad selectiva, en un contexto donde el ajuste nacional de Javier Milei deja a las provincias a merced de sus propios recursos. Weretilneck, en su afán por "resguardar la principal planta industrial de la región", parece priorizar intereses privados sobre una estrategia sostenible, perpetuando una dependencia que erosiona la confianza en las instituciones.
Mientras los camioneros mantienen el bloqueo y exigen su parte en un pastel cada vez más reducido, la pregunta persiste: ¿hasta cuándo el gobierno rionegrino seguirá subsidiando la ineficiencia de ALPAT sin exigir reformas reales? Esta crisis no solo amenaza cientos de puestos de trabajo, sino que revela las grietas de un modelo político que privilegia rescates corporativos por encima de la equidad social.