6 de noviembre de 2025
SANTA CRUZ
Se pudrió en Puerto Santa Cruz: el Intendente vetó parcialmente la emergencia municipal
El intendente de Puerto Santa Cruz, Juan Manuel Bórquez, vetó parcialmente dos artículos de la ordenanza de Emergenciay lanzó críticas contra los concejales de la oposición. Al recordar el estado en que recibió la administración, lamentó: “En su momento, como oficialismo, mostraron una notable insensibilidad hacia el bienestar del personal”
En la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Puerto Santa Cruz del 21 de octubre, los ediles aprobaron la ordenanza de Emergencia Municipal ante la “delicada situación económica que enfrenta la Municipalidad y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios municipales”.
Entre los fundamentos, se destaca que “los trabajadores municipales —incluidos empleados administrativos, operativos, de carrera y funcionarios— han visto un deterioro constante en sus ingresos frente al alza del costo de vida, lo que afecta directamente el consumo local, la salud, la educación y el bienestar familiar”. Además, se menciona que “el 91% de los hogares están endeudados, según un relevamiento del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas, donde la mitad destina entre el 40% y 60% de sus ingresos al pago de deudas; y que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC registra una inflación acumulada anual de 19,5% para agosto de 2025”.En este marco, se argumenta que “es necesario adoptar medidas urgentes para reconocer esta crisis, estableciendo una herramienta que permita una recomposición salarial inmediata —a cuenta de futuras paritarias— y preserve los derechos de los trabajadores”.
La emergencia se declara por 150 días corridos, prorrogables por igual período. Se insta al Departamento Ejecutivo Municipal a priorizar las partidas presupuestarias para salarios, permitiendo reasignaciones de fondos no ejecutados en su totalidad durante la emergencia, y a coordinar asistencias con el Ejecutivo Provincial.
Además, suspende la incorporación de nuevo personal (contratado o permanente); modifica la jornada laboral a 4 horas diarias en áreas no esenciales, según reglamentación del Ejecutivo; y convoca a una mesa de seguimiento con representantes del Concejo, el Ejecutivo y gremios para evaluar mensualmente el cumplimiento y la evolución salarial.
Como respuesta, el intendente Juan Manuel Bórquez realizó un veto parcial a la ordenanza y respondió a la posición de los concejales.
“Resulta sorprendente y paradójico el repentino interés de quienes, como oficialismo anterior, mostraron insensibilidad hacia el personal”, expresó, recordando que “su gestión cerró con una situación salarial crítica para los jornaleros, dejando el 50% de sus haberes pendientes, o un módulo 4 cobrando 160 mil pesos a fines de 2023 con una inflación del 211%, entre otros problemas”.El jefe comunal denunció “información parcial, descontextualizada y malintencionada sobre las decisiones actuales”, y sobre el veto parcial, enfatizó: “Está ampliamente argumentado con criterios técnicos y legales, cuya omisión en el discurso opositor parece deliberada”.
En ese sentido, señaló las acciones al final del mandato anterior: “Se documentó un ingreso masivo y recategorizaciones apresuradas e inapropiadas hasta el último día, sin previsión presupuestaria, lo que hoy compromete la sustentabilidad financiera del municipio”. Y agregó: “Es lamentable que la oposición recurra a la politiquería barata utilizando las necesidades de los trabajadores. Llamamos a la responsabilidad: quienes hoy son legisladores fueron parte del Ejecutivo, por lo que su postura debería basarse en transparencia y autocrítica, no en manipulación”.
El documento firmado por el Ejecutivo detalla que el Artículo 4° reduce la jornada a 4 horas diarias, lo que “contradice la emergencia, ya que implicaría más gasto en horas extras para mantener el funcionamiento, generando un impacto presupuestario no previsto”.
Aclara que “la actual gestión ya dispuso, el 20 de marzo de 2025, una reducción a 5 horas diarias, con reorganización interna que optimizó el funcionamiento sin afectar servicios esenciales. Una nueva reducción a 4 horas sería innecesaria e improcedente, contraria al control de gastos”.
Por su parte, el Artículo 5° convoca a una mesa de seguimiento, pero “desde este año, la gestión ha formado una Mesa Laboral y Salarial con representantes del Ejecutivo Municipal, Ministerio de Trabajo Provincial, trabajadores y gremios ATE y SOEM”.“En virtud de lo expuesto, se veta parcialmente la Ordenanza N° 642/25 en sus Artículos 4° y 5°, promulgando el resto”, concluye.