21 de octubre de 2025
NEUQUEN
Revés judicial para la causa contra Gloria Ruiz: anularon el embargo de sus bienes
El Tribunal de revisión consideró arbitraria la medida cautelar dispuesta por el juez Yancarelli a la exvicegobernadora. Ordenó reemplazarla por embargos sobre bienes específicos por montos determinados, al encontrar deficiencias en la fundamentación de la resolución
El Tribunal de Revisión de Neuquén revocó parcialmente este martes la inhibición general de bienes que había sido dispuesta contra la exvicegobernadora Gloria Ruiz y la exsecretaria de la Legislatura, María Isabel Ricchini, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta.
El tribunal, integrado por los jueces Marco Lupica Cristo, Juan Pablo Encina y Carolina García, consideró que la medida cautelar aplicada por el juez de garantías Lucas Yancarelli el pasado 17 de octubre fue "arbitraria" y "violatoria del principio de proporcionalidad". Los magistrados señalaron que la inhibición general no puede aplicarse de manera amplia cuando existen bienes determinados que pueden ser embargados por montos concretos.
En su fundamentación, el tribunal observó que Yancarelli no explicó por qué no era posible embargar bienes específicos y que el monto establecido se basó en un cálculo aproximado sin sustento en una pericia contable. Además, destacaron que la medida alcanzaba incluso bienes inembargables como las cuentas jubilatorias de las imputadas.
La decisión representa un revés para la Fiscalía de Delitos Económicos, que había solicitado la cautelar para garantizar una eventual reparación económica por los presuntos delitos cometidos durante la gestión de Ruiz en la Legislatura neuquina. Sin embargo, la revocación es parcial ya que el tribunal mantiene la posibilidad de aplicar embargos específicos sobre bienes determinados.
Durante la audiencia de formulación de cargos, Ruiz había declarado ser víctima de una "persecución política" y negado cualquier enriquecimiento ilícito. Por su parte, Ricchini se desligó de las acusaciones, argumentando que las contrataciones cuestionadas provenían de otras áreas de la Legislatura.
El caso continúa su curso con un plazo de investigación de cuatro meses, mientras las defensas buscan reconfigurar la estrategia legal tras esta modificación en las medidas cautelares dispuestas contra las imputadas.